La amenaza de que la Administración se quede sin financiación ha provocado un incremento de los credit default swaps. Los conocidos como CDS son derivados financieros asociados al riesgo de crédito de los bonos emitidos por una empresa o un gobierno. Es decir, permiten medir la probabilidades de impago de un determinado emisor.

Y los CDS a un año de Estados Unidos han alcanzado los 22 puntos básicos, su nivel más alto desde el 1 de junio, un día después de que el Congreso de Estados Unidos respaldase el pacto alcanzado entre el presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de deuda a cambio de algunos recortes al gasto público.

[Las posibilidades de impago de EEUU se reducen desde máximos pero son más altas que las de Grecia o Brasil]

Los CDS a cinco años -la referencia principal del mercado para evaluar las posibilidades de una quiebra- han escalado hasta los 47,5 puntos básicos.

A pesar del repunte, la situación es muy diferente a la vivida durante la negociación del techo de deuda. Entonces, los CDS a un año de Estados Unidos marcaron máximos históricos al situarse por encima de los 170 puntos básicos. Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años alcanzaron los 75, algo que no ocurría desde 2009.

Del 'shutdown' al techo de deuda

La diferencia entre lo que sucedió en mayo y lo que está pasando este septiembre es lógica, ya que de no haberse logrado elevar el techo de deuda la primera economía del mundo habría incurrido en un impago.

A pesar de que que el government shutdown no provocaría las mismas consecuencias financieras sí tendrá efectos negativos. “Aunque el mercado se ha vuelto cada vez más insensible a lo que desgraciadamente se ha convertido en una característica recurrente de la política estadounidense, el impacto en la economía real no siempre es trivial”, advierten en AXA IM.

[El 1-O de EEUU: la extrema derecha bloquea los presupuestos y aboca al Gobierno al cierre]

Que la Administración pública se quede sin fondos a partir del 30 de septiembre -cuando termina el actual año fiscal- provocaría el despido de cientos de miles de trabajadores federales y la suspensión de una amplia gama de servicios estatales hasta que el Congreso logre aprobar un proyecto de ley de financiación que luego Biden firmaría para convertirlo en ley.

Según datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso recogidos por AXA IM, el cierre parcial de 45 días que tuvo lugar durante la presidencia de Donald Trump restó cuatro décimas al producto interior bruto (PIB) del cuatro trimestre de 2018 y ocho décimas al crecimiento del primer trimestre de 2019.

[El cierre del Gobierno en EEUU dejará a la Fed sin datos de IPC y PIB para la revisión de tipos de noviembre]

“Un aspecto secundario del cierre es que los principales institutos federales de estadística no podrán producir sus datos habituales, lo que podría dificultar aún más la próxima decisión de la Reserva Federal”, recuerdan desde la misma gestora.

Y “dada la situación de las condiciones monetarias, esta sería otra razón para ser prudentes y abstenerse de salir de la pausa actual”, añaden.

Un acuerdo difícil

A pocas horas de que se alcance la fecha límite para evitar el cierre del Gobierno cualquier tipo de pacto se antoja difícil. Demócratas y republicanos del Senado se pusieron de acuerdo para impulsar un proyecto de ley de financiación provisional y, aunque la norma pasó su primer trámite parlamentario en la Cámara Baja -de mayoría progresista-, se encontró con el rechazo de la Cámara Alta, controlada por los republicanos.

Si finalmente se aprueba, el paquete legislativo financiaría la Administración hasta el 17 de noviembre. Eso daría tiempo suficiente para que la Cámara de Representantes y el Senado votaran los 12 proyectos de ley de gastos del próximo año fiscal.

Pero McCarthy no ha logrado persuadir al ala más radical de su partido para aprobar una resolución que financie el Gobierno a corto plazo. Los conservadores rebeldes son aquellos más afines al expresidente Trump, quienes se han unido bajo el paraguas del 'Freedom Caucus' (El Caucus de la Libertad).

Su objetivo es deshacer el acuerdo por el que en junio se suspendió el límite de deuda. Al 'Freedom Caucus' no le gustó ese pacto y quieren más recortes. En concreto, buscan establecer un límite de gasto público de 1,47 billones de dólares para el año fiscal 2024, lo que supone 120.000 millones de dólares más de lo pactado. El consejo del republicano Andy Ogles es que “se abrochen los cinturones: se avecinan turbulencias".