Las acciones de Berkeley Energía, dueño del proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), han cerrado en Bolsa con una caída de más del 38%, tras el resultado de las elecciones generales de este domingo, que abre la puerta a que el PSOE pueda revalidar su Gobierno.

En concreto, los títulos del grupo australiano se dejaron un 38,4%, siendo el valor más castigado del mercado español y retrocediendo hasta los 0,251 euros.

El proyecto de la mina de uranio en Retortillo se encuentra actualmente paralizado por decisión del Gobierno.

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El pasado mes de febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desestimó el recurso administrativo interpuesto por Berkeley contra la desestimación por parte de este mismo departamento de la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca.

El gabinete dirigido por Teresa Ribera ya había rechazado en noviembre de 2021 el proyecto 'NSC II' tras recibir un informe desfavorable para la concesión emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de ese mismo año.

A finales del año pasado, Berkeley Energia ya abrió la puerta a presentar un arbitraje contra el Gobierno de España por la situación de bloqueo en la que se encuentra su proyecto.

Así, el pasado mes de abril, la empresa anunció su decisión de llevar su 'batalla' con el Gobierno a los tribunales españoles con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

El grupo consideró que la decisión del Ministerio infringía la normativa sobre procedimientos administrativos en España, pero también la protección otorgada a Berkeley por el Tratado sobre la Carta de la Energía, lo que implicaría que la decisión de negar la solicitud 'NSC II' de la compañía "no es legal".

Defiende su posición

No obstante, este lunes en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Berkeley reiteró que su objetivo es resolver la situación actual de permisos. Y, en última instancia, avanzar el proyecto de Salamanca hacia la producción, seguirá "defendiendo con firmeza su posición y tomando todas las medidas necesarias para preservar sus derechos".

En este sentido, reiteró que la incoación del recurso contencioso-administrativo es necesaria para preservar sus derechos, aunque se mantiene dispuesta a colaborar con las autoridades competentes y "mantiene la esperanza de que la situación de permisos pueda resolverse de forma amistosa".

Asimismo, el grupo destacó que las perspectivas del mercado global de energía nuclear y uranio "continuaron fortaleciéndose" durante este segundo trimestre del año.