El problema, si se puede llamar así, de los planes es que el actual Gobierno los identifica como un producto para ricos. No se molesten en buscar otra explicación porque no la hay. No es una cuestión de justicia social ni recaudatoria, es que simple y llanamente hay una sección en esta desastrosa coalición gubernamental que cree que acabando con los planes y SICAV, se asesta un muy duro golpe a las clases más pudientes.

Los planes de ahorro y jubilación, tal y como los hemos conocido hasta ahora, planteaban una solución que, sin ser la mejor posible, era fiscalmente eficiente para los ahorradores. Y aquí radica la obcecación política pues con un poco de análisis y conocimiento se habrían dado cuenta de que las únicas clases ahorradoras que se beneficiaban del incentivo fiscal de los planes son aquellas con tipos impositivos bajos y medios, no los altos. Los sujetos pasivos que tributan por el máximo nunca han tenido el más mínimo incentivo para ahorrar por esta vía.

Con un adecuado desarrollo normativo, los planes individuales podrían haber sido un alivio para la Seguridad Social, al menos haber retrasado la condición de teórica quiebra técnica de la institución. Digo teórica porque como es bien sabido, los organismos públicos no pueden quebrar hasta que incumplen sus pagos y la Seguridad Social tiene una financiación abierta a fondo perdido precisamente a costa de los ahorradores de esas clases medias donde se identifica al ahorrador tipo de los planes de pensiones. Ya ven que de análisis y conocimiento no van sobrados nuestros políticos de coalición.

La Seguridad Social lleva acumulando déficit desde 2011 y ya se ha convertido en algo estructural. En 2020 el déficit fue del 2,9% del PIB, equivalente a casi 30.000 millones de euros que serían algo más de 50.000 millones si excluimos la aportación extraordinaria del Estado realizada en 2020. Cuesta por tanto entender que el Estado prescinda de manera tan “alegre” de una forma de aligerar la enorme carga que suponen para las arcas públicas los pagos por prestaciones, especialmente las jubilaciones.

Dicen algunos medios que el objetivo es trasladar los incentivos a esquemas más centralizados como son los planes de aportación colectiva o de empresa, sin dar más pistas del sentido económico del cambio.

Llegados a este punto lo que no tiene sentido es analizar alternativas. El mensaje es claro, las empresas serán las únicas que de forma voluntaria planteen un esquema de aportaciones solidarias a los empleados, quienes podrán complementar con cargo a sus nóminas las aportaciones hasta un máximo de 8.500 euros.

La consecuencia no es solo una planificación inducida del Estado sino que el sistema pasará a una total bancarización. ¿Qué entidad independiente tendrá incentivos para desarrollar una sociedad gestora de planes de pensiones? Prácticamente ninguna. La independencia en este esquema de ahorro buscaba esencialmente aportar valor a un desempeño que históricamente ha sido muy pobre. Tanto como que la rentabilidad media en los últimos diez años ha sido de apenas el 2,8%, antes de inflación.

Las modestas gestoras independientes requerirán de una estructura que de ninguna forma se pueden permitir para optar a concursos públicos de grandes empresas. Es sencillamente inviable.

Así pues, de golpe y plumazo en apenas 12 meses se ha dado un giro radical que anticipa que lo más óptimo es o rescatar el plan o buscar una alternativa sin coste fiscal para evitar una muerte lenta y dolorosa. Lo que no se va a producir es crecimiento vía nuevas aportaciones. Solo en el primer semestre de 2021, las aportaciones a planes se han reducido en un 94%. Y será peor en lo que queda de año ya que en términos netos se registrarán más salidas que entradas con casi toda probabilidad. Para 2022 en adelante, es difícil asumir otro panorama.

Centralización, planificación y fiscalización, adjetivos que poco tienen que ver con sociedades modernas que nos llevan de forma inexorable a una regresión de la libertad de elección y disposición del capital. El panorama no puede ser más desolador: se prohíben nuevos activos (como las criptomonedas), se híper regulan los mercados y se eleva la fiscalidad del ahorro, eso sí, se permiten tipos negativos y se hace la vista gorda con monedas devaluadas, todo en la etapa de mayor represión financiera que hemos conocido desde la Edad Media europea.