La maza de los jueces de la Audiencia Nacional golpea la cotización de Ence este lunes. Las acciones de la compañía de energía y celulosa se desploman un 12,7% hasta los 2,55 euros por título después de que el tribunal se haya manifestado a favor de anular la prórroga que permitía la actividad de la compañía en sus instalaciones de la ría de Pontevedra.

Los cruces más bajistas de la sesión conducían la gráfica de Ence hasta los 2,42 euros por acción, con una caída del 17,1% hasta una cota que supone mínimos para su cotización desde noviembre del año pasado. De hecho, desde finales de diciembre del año pasado el grupo de energía y celulosa no había abandonado nunca la cota de los 3 euros por acción.

Aunque la compañía ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional conocida el viernes pasado, el golpe ha sido profundo en bolsa. En el dictamen de los jueces se apunta que la actividad de Ence en Pontevedra puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento, en un área natural que goza de especial protección, tal y como venían denunciando diferentes colectivos y el propio Ayuntamiento de Pontevedra.

Dos años de calvario

La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional considera que la Resolución del 20 de enero de 2016 de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, “no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación”. Un señalamiento hacia el que Ence mostró el viernes su "respeto absoluto", aunque también "su desacuerdo".

El calvario de Ence en torno a esta cuestión comenzó en marzo de 2019. Entonces, el Gobierno se puso de perfil en la defensa de la prórroga que había concedido el equipo del popular Mariano Rajoy sobre una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Un espacio en el que se ubica la fábrica de pasta de celulosa kraft de Ence.

Más de 5.100 empleos

Por aquel entonces, su gráfica rondaba los 6 euros por acción. Ahora, Ence insiste en que agotará todas las vías jurídicas a su alcance para defender de sus intereses. Del mismo modo, ha recordado que de esta concesión "dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta", una región que recientemente se ha visto golpeada por cierres de factorías de firmas como Alcoa y Siemens Gamesa.

Actualmente, la biofábrica de Pontevedra dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte. Ence asegura que la planta "cumple sobradamente" con toda la legislación ambiental vigente, mientras que promueve la utilización de la celulosa, a la que describre como "un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico".