Los grandes fondos de inversión nacionales e internacionales disponen de una gran liquidez en la actualidad y el sector inmobiliario español ofrece grandes oportunidades. Hasta ahora. La deriva reguladora en contra de la propiedad privada que han tomado tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona preocupa, y mucho, por la inseguridad jurídica que generan.

Poco ha importado que juristas y sector clamaran contra la Ley de la Vivienda, la conocida como Ley ‘pro-okupa’, y el proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler. Ambos salieron adelante en el Parlament con los votos de los partidos independentistas a sabiendas de su inconstitucionalidad.

El PP anunció un recurso al Tribunal Constitucional (TC) el mismo día que se aprobó el proyecto de ley para regular los alquileres. Mientras el Alto Tribunal dictamina si se ajustan a la Carta Magna o no, la Generalitat tendrá vía libre para, por ejemplo, limitar los precios de los alquileres en 60 municipios y obligar a los propietarios a que ofrezcan un alquiler social a los okupas de una vivienda.

La velocidad de la Justicia es sobradamente conocida, por lo que los grandes inversiones se echan las manos a la cabeza ante la deriva que está tomando la legislación del sector inmobiliario.

Es más, uno de los mayores temores de los fondos con activos inmobiliarios reside en que comience un efecto contagio y otros parlamentos regionales aprueben medidas similares, sean constitucionales o no, para cambiar las reglas del juego, tal y como han confirmado fuentes del sector a Invertia.

La preocupación crece

Los expertos creen que regular los precios del alquiler, que también está reflejado en el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos aunque por ahora el Gobierno estudia aún su aplicación, generará el efecto contrario al esperado. Lo dicen los profesionales del sector, el Banco de España y las experiencias de otras ciudades europeas como Berlín o París. Topar precios incentiva la economía sumergida y al final muchos propietarios optarán por sacar su vivienda del mercado, lo que reducirá la oferta existente.

Cabe recordar que entre el 75% y el 80% de los propietarios de las viviendas en alquiler son particulares. Los grandes fondos apenas representan el 20% del parque y desde el inicio de la pandemia han mostrado su disposición a negociar con flexibilidad las rentas con los inquilinos más vulnerables.

El alquiler, la okupación y la presión regulatoria, ahí es nada, no son las únicas preocupaciones de los fondos de inversión en el ámbito inmobiliario español. Dentro de la batería de medidas aprobadas por la Generalitat también está el derecho de tanteo y retracto sobre edificios con arrendatarios procedente de ejecuciones hipotecarias. Si un banco o fondo quiere vender una vivienda que ha recibido por impago, tiene que pedir permiso a las autoridades catalanas.

Estas contaban con un plazo de 60 días para ejercer su derecho de tanteo y retracto, pero con la declaración del estado de alarma, la Generalitat suspendió este plazo hasta tres meses después de su cese y muchas operaciones se encuentran en el limbo administrativo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo. David Zorrakino / Europa Press

A estas medidas, legales o no, se suman las aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre moratorias de alquiler y desahucios. Grandes y pequeños propietarios temen el incremento de la morosidad y los impagos en las rentas ante la cada vez más profunda crisis económica que vive este país. Además, aunque un inquilino no pague, los desahucios están paralizados y el colapso de los juzgados no ayudará a recuperarlos a corto plazo.

Muchas de las carteras que aún tienen los bancos están compuestas por activos inmobiliarios repartidos por todo el territorio nacional, Cataluña incluida. Con la que está cayendo por las medidas impulsadas desde la Generalitat y el Ayuntamiento de Cataluña en contra de todo lo que suene a capitalismo y España, los grandes inversores institucionales se están replanteando futuras compras en nuestro país. "¿Quién va a invertir en estas condiciones?", confiesa un alto directivo del sector a Invertia.

Freno a la inversión en España

Ante esa situación de vulnerabilidad jurídica y deriva que algunos tildan de populista, los fondos denuncian que estas medidas no favorecen la inversión en España. Asumen el riesgo de la fluctuación de los precios y las mayores o menores ventas de viviendas, pero el verdadero peligro está en la inseguridad jurídica y la incertidumbre.

A ojos de muchos son los malos de la película, los que aprovecharon la crisis del ladrillo para hacerse con miles de activos inmobiliarios a precio de saldo, pero también los mismos que han permitido a los bancos sanear sus balances y han invertido miles de millones de euros en la economía nacional a largo plazo.