El juez condena al Santander a abonar esta cuantía por los gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de actos jurídicos documentados al declarar nula la cláusula financiera incluida en el referido préstamo hipotecario de junio de 2014.

En la sentencia, dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga, y contra la que cabe recurso de apelación, se señala que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe recaer en la entidad prestamista.

A pesar de que se daba por hecho que la nueva normativa imponía el pago del tributo a los bancos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez estima que la disposición del Gobierno "resuelve una laguna interpretativa" y, por tanto, y en cuanto tal, es "tácitamente retroactiva".

Es el el Real Decreto-ley 17/2018 el que modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Tras realizar una descripción de los acontecimientos ocurridos en el Tribunal Supremo, el Gobierno entiende que se ha generado una situación de inseguridad jurídica, que afecta al mercado hipotecario en su conjunto, y que es preciso abordar con carácter inmediato puesto que, en otros, ha provocado una ¿reducción sustancial de actos de formalización de préstamos con garantía hipotecaria¿.