18 de octubre de 2018. El Tribunal Supremo revolucionaba el mercado hipotecario con un cambio de criterio sin precedentes para indicar que es la banca y no el cliente quien debe hacer frente al pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas. Desde que se conoció el fallo, los bancos han hecho frente común para evitar la retroactividad de cuatro años en la medida.

Durante este tiempo las entidades han defendido que la sentencia tiene un carácter fiscal y no bancario, por lo que deberían ser las delegaciones de hacienda en las comunidades autónomas quienes hiciesen frente al pago del impuesto de las hipotecas firmadas desde 2014. ¿Nosotros no podemos devolver algo que no hemos ingresado¿, critican los banqueros, en referencia a que los clientes no pagaban el impuesto a la entidad con la que firmaban la hipoteca, sino a Hacienda.

Insisten en que la industria ha cumplido siempre con la normativa vigente desde 1995, con lo que tampoco han incurrido en malas prácticas que podrían obligarles a asumir la retroactividad, como así ha sucedido en otros casos como las cláusulas suelo.

Es decir, la banca solo pagará a partir de ahora el AJD. Y si el cliente quiere reclamar, tendrá que acudir a Hacienda. El ministerio ya ha cifrado en 5.000 millones de euros el coste para las comunidades autónomas de pagar el impuesto con una retroactividad de cuatro años y desde Hacienda mantienen el mensaje de que, como en otros casos de cláusulas abusivas, serán los bancos quienes deban soportar la devolución pues según el Supremo, debían de haber pagado ellos el impuesto y no los clientes.

La tensión es evidente y la guerra se espera larga y tediosa entre dos partes, bancos y Hacienda, que este año ya han tenido `sus más y sus menos¿ con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para establecer un impuesto a la banca e imponer una doble imposición para el beneficio que las entidades ingresan por sus filiales en el extranjero.