A mayor actividad, mayor fraude y triquiñuelas para pagar menos impuestos.

La vivienda social, en primer lugar, es un foco de irregularidades. El Gobierno se ha propuesto acabar con algunas de ellas, como las de su venta a fondos buitre.

Los 270 expedientes sancionadores del Gobierno vasco contra adjudicatarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) son solo la última gota que cae en un mar de ilegalidades.

Estas artimañas afloran tanto en los momentos de compra como de alquiler.

Una de las más sonadas está siendo la sobreescritura. Esta práctica consiste en escriturar la vivienda por encima de su precio de venta para que la financiación que da el banco cubra todo el precio y sus extras.

Si comprador y vendedor llegan a un acuerdo para reflejar en la escritura un precio superior al real, el préstamo que concedería el banco (80% del precio tasado) cubriría los gastos, tanto del piso, como de los impuestos y hasta de las reformas. Otra de las ventajas para el comprador aparecería al vender esa vivienda, ya que se reduciría la ganancia patrimonial, por la que también hay que pagar a Hacienda.

Mucho más habitual es la de reflejar en la escritura un precio inferior al de venta con el fin de emplear en el pago de la casa dinero negro. 

El mundo del alquiler no es ajeno a este juego sucio. Una de estas estafas consiste en no declarar los ingresos del alquiler por parte del arrendador. Hacienda persigue estos incumplimientos y sanciona su práctica.  El inquilino es muchas veces colaborador del fraude puesto que no pierde nada si no lo declara.

QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO

El Gobierno se ha comprometido a modificar en 2019 la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", tal y como le había pedido Unidos Podemos.

El acuerdo presupuestario incluye un apartado de medidas destinadas a "blindar la función social de la vivienda y evitar la especulación" y, entre ellas, figura la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de intervenir en el mercado de alquiler para limitar precios, a través de los proyectos normativos necesarios que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en 2019.

Además, el Ejecutivo ha acordado con Podemos aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, mediante un plan a cuatro años, y elaborar en 2019 una normativa que establezca "el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública", que garantice "su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio".

Este nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplará asimismo la creación de "una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas". "También contendrá ayudas a las administraciones públicas para la adquisición de vivienda ya construida", añaden.

POSIBLES SANCIONES PARA LOS GRANDES TENEDORES

Es decir, el Gobierno se compromete, como pedía Podemos, a crear "un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precios razonables".

CONTRATOS DE ALQUILER MÁS LARGOS

Además, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una serie de medidas para modificar "la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta".

Entre otras medidas, "se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas" y, en el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, "serán siete años de prórroga obligatoria y tres de tácita".

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