En la presentación de los Premios Inversión, de elEconomista, Albella ha expresado su confianza en que se haga a tiempo la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2017/228 que a su vez modifica la Directiva de Derechos de los Accionistas de 2007, cuyo plazo finaliza a mediados de 2019.

Ha explicado que los asesores de voto cada vez tienen mayor importancia en los mercados, por lo que es preciso regular -tal como propone la Directiva- el sentido de sus recomendaciones y que expliquen, año a año, en qué medida se han aplicado sus consejos.

El presidente de la CNMV ha dicho también que la transposición recogerá el derecho de las sociedades cotizadas a identificar a sus accionistas, información que en la actualidad es muy parcial y poco transparente.

El debate en los estados miembros en relación con este asunto se centra en si se deberán identificar todos los accionistas o sólo aquellos que sean titulares de, al menos, un 0,5% del capital. La posición española es que se tenga que comunicar todo, que no haya restricciones.

Asimismo, ha defendido que todos los inversores institucionales, básicamente compañías de seguros y gestores de activos, hagan pública la política de implicación en las sociedades en que tengan inversiones y cómo votan en las juntas.

En materia de remuneraciones, la Directiva establece la obligación de publicarlas y someterlas al voto de la Junta de Accionistas, requerimiento que ya está establecido en España, aunque "probablemente haga falta algún ajuste", según Albella.

Igualmente se ha referido a la transparencia y el régimen de las operaciones vinculadas (las que se desarrollan entre personas físicas o jurídicas con algún grado de relación entre ellas) para que se tengan que hacer públicas en las cuentas anuales y para que sea obligado comunicar una información relevante específica sobre estas operaciones.

En este punto, ha explicado que hay que definir en qué medida los accionistas pueden votar en la Junta General si las operaciones vinculadas les afectan. Aunque el principio general es prohibitivo, la Directiva admite que los estados miembros de la UE lo autoricen siempre que haya un mecanismo de salvaguarda previo, que podría consistir en la aprobación previa de la operación por los consejeros independientes.

Esta vía ya se utiliza con frecuencia en España pero, en opinión del presidente de la CNMV, debería elevarse a rango de ley para legitimar la intervención en la Junta de los accionistas en conflicto.

Albella ha avanzado que la CNMV está trabajando en un informe sobre la "excesiva" propensión de los españoles a invertir en ladrillo para determinar si estos comportamientos se separan de lo que ocurre en el resto de Europa y en qué medida eso contribuye al crecimiento o más bien es una rémora para la creación de riqueza.