La jornada del martes ha comenzado con tensión en el Congreso de los Diputados, con todos los parlamentarios muy críticos ante el anuncio de la presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, de que el propio compareciente hizo llegar al Congreso un escrito con las limitaciones para declarar impuestas por el Banco de España y el BCE.

Tal y como han explicado, el supervisor español "en total conformidad con la política de total colaboración con esta comisión, ha levantado cualquier restricción a las manifestaciones que pueda hacer". Aunque no ha sido el caso del Banco Central Europeo, que "en línea también de otras autoridades europeas, señala que no autoriza al señor Pardo a efectuar declaraciones al respecto de su trabajo en dicho organismo".

Según indican desde el organismo monetario europeo, "el trabajo del personal del BCE está protegido por la cláusula de confidencialidad y de manera general los miembros tienen que guardar esta confidencialidad. Si la comisión tiene preguntas concretas sobre información que el BCE califica como confidencial (por ejemplo, el plan de liquidez ELA, datos concretos de un banco etc.), tienen que solicitarla específicamente y aquí se valorará si hay argumentos de peso para compartirla y bajo qué condiciones".

Es decir. Para conseguir respuestas a las preguntas de los diputados, estos tendrán que remitirlas por escrito al BCE. El problema es que la limitación impuesta por Europa no ha sido la única causa detrás del silencio de Pardo a las preguntas de los parlamanetarios. O al menos en eso han coincidido todos los presentes, que incluso han llegado a preguntar al funcionario si el Banco de España le había prometido un puesto a cambio de su 'discreción'. Respuesta de Pardo: "No contestaré a esa pregunta".

Ni fuga de depósitos, ni solicitud de liquidez, ni proceso de ofertas privadas. Pardo ha dejado claro desde el principio que no desvelaría datos de la situación del Popular en las semanas previas a su intervención, ya que él abandonó el trabajo de supervisar la entidad en el primer trimestre de 2011, aunque permaneció en el Banco de España hasta febrero de 2017, apenas cuatro meses antes de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver la entidad. Sin embargo, sí ha recordado que en su etapa al frente de la supervisión del banco, su equipo solicitó una drástica reducción del ladrillo en cartera a la entidad, recordando que "los problemas eran estructurales y venían de lejos".

En este punto, Pardo solo ha aludido a problemas de alta exposición al ladrillo que impactaban en la rentabilidad y la solvencia, con una cobertura inferior a la del resto del sector. A su juicio, la debilidad del banco venía de entre los años 2000 y 2007, en pleno boom crediticio inmobiliario. En ese periodo, el Banco popular "cuadriplicó su exposición al ladrillo", y mientras el sector veía crecer el crédito de 50.000 millones a 450.000 millones de euros, "el Popular llegó a mantener el 36% del total", ha indicado Pardo en su comparecencia.

El funcionario ha aludido a la falta de herramientas del Banco de España para detectar estos problemas, recordando que el banco realizó un esfuerzo considerable para reducir ese porcentaje de exposición hasta el 25%. "No era suficiente, así que se realizaron distintas revisiones de carteras".

Pardo ha explicado también que los inspectores elaboraban informes periódicos en los que "a partir de 2009, en todas esas revisiones, se identificaban necesidades de provisiones. Esa era nuestra conclusión". "Nosotros como inspectores, como miembros de un equipo cooperativo, no podemos requerir", se ha excusado, ante la pregunta de varios grupos de por qué no se actuó con medidas concretas habiéndose detectado debilidades en esta entidad.

"Existen recomendaciones o la persuasión moral, pero no existía un aspecto legislativo que permitiera al supervisor exigir qué riesgo inmobiliario y en la construcción no puede ser superior a partir de un determinado porcentaje", ha dicho.

PROTESTA ANTE TANTA 'DISCRECIÓN'

Estas limitaciones han sido criticadas por Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana. "Es inadmisible que no pueda dar explicaciones" un actor "clave" en el Popular, tanto en los años de la crisis como antes de su resolución, ha dicho el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero, que ha matizado ante Pardo que, en todo caso, sus críticas no son "imputables a su persona".

Por su parte, Francisco de la Torre, responsable fiscal de Ciudadanos, ha recordado que el propio gobernador del Banco de España durante la resolución, Luis María Linde, "no dio ningún dato" sobre la misma y que la información del auditor que evaluó el estado del Popular, Deloitte, "ha llegado mutilada, sin datos que permitan qué es lo que pasó".

Por ello, el diputado naranja ha manifestado su protesta recordando que hay "más de 3.000 accionistas que han perdido todo su dinero" y que la resolución sí que ha supuesto un perjuicio para las arcas públicas.