En un documento remitido a la Comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España muestra su preocupación por la ¿intención del BCE de contratar empresas privadas de auditoría para que se integren en los equipos encargados de la realización de inspecciones in situ a entidades de crédito y, en particular, a entidades de crédito españolas¿.

El documento, bajo el formato de dictamen jurídico redactado por el catedrático de derecho administrativo Manuel Izquierdo Carrasco, recuerda que en febrero de 2015 el organismo monetario realizó una  licitación para el desempeño de estas actividades de supervisión in situ, en el que se establecía la prioridad de firmar hasta seis Acuerdos Marco con otras entidades para la ejecución de actividades de colaboración en estos procesos. ¿La intención era seleccionar proveedores externos que se califican como altamente cualificados, en particular empresas internacionales de auditoría y contabilidad con experiencia en la evaluación de riesgos de las entidades de crédito, incluyendo los modelos de riesgo aplicables y los procesos de gestión de riesgo, así como en la revisión del cumplimiento de las normas prudenciales por parte de las entidades de crédito¿.

La firma de esos Acuerdos Marco no obliga al Banco Central Europeo a su uso, sino que su efectividad queda relegada a un momento posterior, en el que el BCE emita una orden específica en la que se detallen los servicios que deben ser prestados, los plazos y la remuneración, siempre bajo la responsabilidad del Jefe del equipo de inspección in situ.

Es decir. El BCE está en su pleno derecho de contratar a personal externo para ayudar en las labores de supervisión. Es un movimiento similar al realizado por la Junta Única de Resolución (JUR) con la contratación de Deloitte para los informes de valoración del Banco Popular.

El problema que ven los inspectores es que el Acuerdo Marco que se firma entre el BCE y esas entidades privadas colaboradoras prevé que estas ¿puedan reunir y examinar la información financiera, evaluar carpetas, verificar los modelos de negocio/organización, testear los modelos de riesgo y revisar el cumplimiento de metodologías de modelado¿. Para ello, se añade que podrán utilizar técnicas de observación como la verificación de información y análisis, entrevistas, pruebas de recorrido (walk-through tests), muestreo y confirmación de datos. ¿Esto es, las mismas actuaciones que lleva a cabo, por ej., el personal inspector del Banco de España en el seno de su actividad de inspección o supervisión¿, explica el documento.

La misma potestad

En el mismo documento, Manuel Izquierdo explica que ¿no es solo que el personal de estas entidades privadas vaya a realizar actividades materialmente idénticas a las realizadas por el personal inspector del BCE o del Banco de España, sino que, además, formalmente, aparecen investidos de la misma potestas o autoridad¿. En este sentido, el documento explica que a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, no se trata de que esas personas no puedan colaborar con el BCE y la inspección administrativa. Sin embargo, sí solicitan que se reserve siempre al personal de esa inspección administrativa el ejercicio de las potestades públicas frente a terceros, como la posibilidad de acceso a locales, la de exigir documentación, la potestad de acceder o solicitar información...

¿Esto es, el personal de una de estas empresas privadas puede exigir a una entidad de crédito la presentación de documentos con la misma fuerza jurídica que lo podría hacer un agente del BCE o un inspector del Banco de España¿, critica el documento.