El futuro de las pensiones se ha vuelto a colar en el debate público en los últimos días a cuenta de una propuesta que el PP, por encargo del Gobierno, hará en la comisión del Pacto de Toledo: Las pensiones se calcularán con toda la vida laboral pero quitando los peores años.

Unos días antes, el PSOE lanzaba también su propuesta: Sánchez propone un nuevo impuesto a la banca para que sostenga las pensiones.

Ambas iniciativas no son nuevas. De hecho, la que ahora abandera el PP, la de ampliar a la totalidad de la vida laboral el cálculo de la pensión está vigente en países como Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia, según recoge el informe El Sistema público de pensiones en España: Situación actual, retos y alternativas de reforma, del Banco de España.

Un impuesto a la banca para corregir los desequilibrios, según explicó Pedro Sánchez, son exigencias de la UE y el FMI y ya los han puesto en marcha los Gobiernos de Gran Bretaña y Francia.

SOLUCIONES PARA ¿CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS?

La pregunta es si alguna de estas iniciativas corregiría o, al menos ayudaría, a garantizar el mantenimiento del sistema público de reparto, muy debilitado y con visos de ir a peor.

La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit superior a los 18.000 millones.

En un documento del Banco de España, sus autores Pablo Hernández de Cos, Juan Francisco Jimeno y Roberto Ramos dan su punto de vista sobre prolongar a toda la vida laboral el cálculo de la pensión:

La reducción del gasto en pensiones derivada de esta medida, la de extender a toda la vida laboral el número de años que se toman para calcular la base reguladora, se basa en la existencia de un perfil cóncavo de los salarios en relación con la edad. De esa forma, a edades más jóvenes corresponden niveles salariales inferiores. Esta reforma tendría la ventaja de aumentar la proporcionalidad del sistema, esto es, la relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones efectuadas.

No obstante, la reducción de gasto que se obtiene por esta reforma paramétrica, ausentes otros mecanismos de ajuste, es limitada, concluyen.

Esta medida beneficiaría fundamentalmente, según un artículo en Mi Jubilación de Futuro (BBVA) a aquellos trabajadores que a consecuencia de un ERE u otras circunstancias han visto interrumpida su carrera profesional en los años previos a la jubilación y que o bien no han vuelto a cotizar o lo han hecho por bases inferiores. Es decir, trabajadores que han contribuido a la Seguridad Social más en sus primeros años de vida laboral que en los últimos y que con la fórmula actual, la pensión otorga más peso a los años previos a la jubilación.

Por el contrario, esta modalidad penalizaría a los trabajadores que han tenido una carrera profesional continua y que, generalmente, van teniendo salarios más altos (y por tanto mayores cotizaciones) según van adquiriendo más experiencia. En este caso, es más beneficios determinar la base reguladora a partir de las cotizaciones de los últimos años, más elevadas.

La opción planteada por el PSOE, de establecer un gravamen a la banca para financiar las pensiones, generaría unos ingresos anuales, según sus cálculos, de entre 800 y 1.000 millones al año.

CIFRAS DE ESCALOFRÍO

En un documento elaborado por la entidad gestora de fondos de pensiones, Fonditel, se ofrecen los siguientes datos: ¿Ha finalizado 2017 con 600.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, lo que aproxima la cifra total a los 18,5 millones, y nos encontramos con que no hay fondos suficientes para hacer frente a las 14 pagas de las pensiones. El Tesoro prevé conceder en 2018 un nuevo préstamo a la Seguridad Social por importe de unos 15.000 millones de euros para garantizar el pago puntual de las pensiones. La recaudación por cotizaciones sociales acabará en máximos históricos (hasta noviembre se acercaba a los 100 mil millones de euros), pero sigue siendo insuficiente para abonar las pensiones correspondientes a la doble paga de verano y Navidad.

A pesar de llevar ya cuatro ejercicios en los que el ritmo de nuevas altas no parece detenerse (desde diciembre de 2013 el sistema ha aumentado en más de 2 millones de afiliados), los nuevos cotizantes aportan menos a las cuentas del sistema que los que había anteriormente, como consecuencia de unos menores salarios y el aumento de trabajos precarios. 

Es más, los nuevos contratados cobran 100 euros menos que los recién jubilados. La realidad es la siguiente: el salario medio de los que apenas llevan un año de antigüedad en el trabajo es de 1.230 euros brutos al mes. Una pensión media está en 1.332 euros.

El crecimiento del mercado laboral se antoja insuficiente para reducir el déficit del sistema público de pensiones. Desde el año 2000, el número de pensiones ha aumentado en casi dos millones.

LOS CUATRO DESEQUILIBRIOS QUE CONSTATA LA OCDE

La OCDE ha publicado un informe sobre las pensiones, en el que destaca, país por país, los defectos del sistema. Del modelo español señala cuatro desequilibrios:

1.       El envejecimiento de la población que se acelera a un ritmo muy rápido, y provocará que en 2050 haya 76 mayores de 65 años por cada 100 personas entre 20 y 64 años; esto supone que llegue a tener la segunda mayor tasa de dependencia, después de Japón, un envejecimiento que presiona sobre la sostenibilidad financiera y los ingresos. Como elemento corrector de este desequilibrio, a partir de 2019 se aplicará el factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros para calcular las pensiones (edad de jubilación, años de cotización necesarios o importe inicial de la pensión, vinculado con la esperanza de vida).

2.       Otro de los factores en los que pone el énfasis la OCDE es en la tasa de reemplazo (porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral) que para los trabajadores con salarios medios serán del 82%. Este porcentaje es mucho más alto que el promedio de la OCDE, que es del 63%, incluso después de tener en cuenta la importante reforma de las pensiones legislada en 2013.

3.       Asimismo, la OCDE advierte que la edad media de salida del mercado de trabajo se ha estancado desde 2010, ampliando la brecha con la media de los países que ha seguido aumentándola. La edad legal de jubilación, actualmente está establecida en 65,3 años, y aumentará gradualmente a 67 en 2027. Sin embargo, a partir de 2027, las personas que hayan cotizado durante al menos 38,5 años (frente a los 36,5 actuales) todavía podrán jubilarse a los 65 años, con una pensión completa.

La edad de jubilación está por debajo del promedio de la OCDE de 65,8 años para los hombres y 65,5 para las mujeres, y sustancialmente inferior a lo proyectado en Dinamarca (74), Italia (71) y los Países Bajos (71).

4.       Por último, es también merecedor de crítica por parte de la organización, los enormes desincentivos que existen para combinar trabajo y pensiones, así como para extender las vidas laborales después de la edad de jubilación.

En España, las pensiones de las personas que continúan trabajando se reducen en un 50%, aparte de los trabajadores por cuenta propia que ganan menos que el salario mínimo o la contratación de al menos un trabajador. Por otra parte, a las personas que combinan trabajo y pensión no se les genera derechos adicionales, aunque paguen una contribución especial de solidaridad del 8%, que no se aplica a quienes continúan trabajando y difiriendo la pensión.

A pesar de las restricciones para acceder a la jubilación anticipada desde 2013, la OCDE considera que son insuficientes y hay que seguir avanzando. Los trabajadores que culminan su carrera laboral y posponen la pensión mientras siguen trabajando, mejoran la cuantía un 5,4% por año de aplazamiento, mientras que la mayoría de los países de la OCDE mejora la pensión una media del 7,7% en esta misma circunstancia.

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