En un auto publicado hoy, el alto tribunal, con sede en Lausana, confirma la decisión de la corte administrativa federal de no transmitir a EEUU los nombres de empleados de bancos, de abogados y de notarios, indicó la agencia suiza ATS.

La decisión se ha tomado a raíz de un caso de un expatriado estadounidense que se opuso a la entrega a EEUU de sus datos, obtenidos a través de su banco por parte de la Hacienda suiza.

El Tribunal federal reconoce que el rol de terceras personas en la comisión de una infracción, como cómplices o instigadores, puede ser relevante en una disputa fiscal iniciada por EEUU, pero sostiene que su identificación no es necesaria para probar un presunto delito.

En este sentido recuerda que la convención de doble imposición únicamente prevé la asistencia administrativa y no una ayuda en un caso penal contra estas personas terceras.

Por ello determina que, en el caso de un presunto fraude fiscal, se debe determinar la amplitud de la documentación a entregar a EEUU y limitarla a los hechos descritos en la solicitud de asistencia y a la persona objetivo de la investigación.