En esos diez años, las autoridades de competencia impusieron multas por un total de 498,75 millones de euros, según una respuesta escrita del Gobierno a la diputada socialista Ana María Botella.

De este total, 205,76 millones, un 41,5 % del total, ha sido anulado o está pendiente de recálculo después de que las autoridades judiciales hayan sido favorables a los recursos presentados por la empresas.

El propio Gobierno explica que la "inmensa mayoría" de las sanciones son recurridas por las empresas ante la Audiencia Nacional, lo que las deja en suspenso hasta que la sentencia sea firme.

Esto supone un plazo medio de entre dos y cuatro años para la resolución de la primera instancia, un periodo que se amplía en caso de que se presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que ocurre "con frecuencia".

Al final de este proceso, parte de las multas son anuladas, a lo que se unen los casos de recálculo del importe por los recursos presentados por empresas que pretenden reducir la sanción apelando a la doctrina del Supremo.

En enero de 2015, el Tribunal Supremo declaró contrario a derecho el modo en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano sucesor de la CNC, graduaba las sanciones y estableció que los criterios para determinar la gravedad de estas deben estar suficientemente motivados.

Así, de los 498,75 millones de euros impuestos en multas entre 2000 y 2010, la cantidad a recaudar tras su confirmación en los tribunales se reduce a 291,1 millones de euros, de los que 209,2 millones, un 71,9 %, ha sido efectivamente cobrado.

El Gobierno explica que la cantidad recaudada está relacionada con la duración del proceso de revisión judicial, que suele ir acompañado de una suspensión cautelar, por lo que el cobro se demora.

Así, el porcentaje de multas cobradas en el periodo 2000-2006 asciende al 91,3 % del importe confirmado en los tribunales. EFECOM

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