En esta primera jornada, los representantes de la denominada cuadriga -Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Comisión Europea (CE)- hicieron un primer repaso de los temas pendientes con el viceministro de Finanzas, Yorgos Juliarakis.

En la reunión se abordó el borrador presupuestario de 2018, sobre el que, según la prensa local, hay diferencias de opinión entre el Gobierno y los acreedores europeos sobre cómo lograr un superávit primario de 3,5 % del producto de interior bruto (PIB).

Aunque el Gobierno estima que conseguirá ese objetivo, las instituciones europeas, dicen los medios locales, ven un agujero fiscal de entre 0,3 % y 0,5 % por lo que pedirían medidas de austeridad adicionales siguiendo el mecanismo establecido en el marco del programa de rescate.

En declaraciones a la televisión privada Ant1, el portavoz gubernamental, Dimitris Tsanakópulos aseguró hoy que en el caso de darse un agujero fiscal, "lo cubriremos".

El objetivo del Gobierno es haber cumplido, antes del Eurogrupo de noviembre, al menos el 80 % del casi un centenar de requisitos previos pendientes, la mayoría de los cuales son reformas ya legisladas, pero todavía no aplicadas.

Entre los asuntos que no avanzan está, dentro del proceso de privatizaciones, la venta por parte de la empresa pública de electricidad DEI de centrales de lignito, para la que no se ha encontrado todavía un comprador.

La rapidez con la que se podrá cerrar esta tercera evaluación dependerá en gran medida en si los acreedores europeos y el FMI logran ponerse de acuerdo sobre las cifras, algo que no ocurrió en las dos evaluaciones anteriores.

Además, persiste la incertidumbre de si el FMI participará definitivamente en el rescate o no.

En julio pasado aprobó un préstamo puente de 1.800 millones de dólares (1.530 millones de euros) pero supeditó el desembolso a que se aprueben medidas de alivio de la deuda griega -actualmente en el 180,8 % del PIB- con el fin de garantizar su sostenibilidad.

El Gobierno espera que el FMI no acabe supeditando su participación a medidas adicionales de recorte.

En el borrador de los presupuestos del Estado para 2018 ya se han incluido recortes en ayudas sociales e incrementos de impuestos por un total de 1.800 millones de euros, que no estaban previstos en el programa de rescate y fueron adoptados ante la insistencia del FMI.

Un atraso del cierre de la evaluación más allá de finales de enero de 2018 sería una pesadilla para el Gobierno de Tsipras que centra ahora su discurso político en los tiempos postrescate.

Tsipras no se cansa de repetir que Grecia "ha pasado página", que su Gobierno ha combatido los males endémicos que llevaron a la crisis y que ahora está preparado para iniciar la estrategia necesaria para atraer inversiones extranjeras.

Los jefes de misión de las instituciones acreedoras se quedarán en Atenas durante toda la semana y tienen previsto regresar a finales de noviembre o comienzos de diciembre.

En caso de que las negociaciones puedan terminar antes del receso navideño, los Parlamentos nacionales podrían ratificar el acuerdo los primeros días de enero y el próximo desembolso efectuarse en febrero.

A partir de entonces se empezaría a trabajar ya en la evaluación final que en el caso ideal estaría lista para junio y posibilitaría una salida puntual del programa el 20 de agosto.

Durante el periodo intermedio Grecia tomará el pulso a los inversores con nuevas salidas a prueba a los mercados internacionales, similar a la efectuada en julio pasado.

De momento, sin embargo, Grecia todavía está pendiente del desembolso de un subtramo de 800 millones de euros procedentes de la segunda evaluación y cuyo pago depende de que el Estado pague una serie de atrasos a proveedores de las administraciones públicas.