Los interinos que en 2021 llevaban 14 años esperando una oportunidad que les aportase estabilidad en RTVE ya casi han cumplido uno más a la espera de unas oposiciones que no terminan de arrancar. Y es que, a pesar de que los procedimientos de Promoción, Cambio de Ocupación Tipo y Traslados ya arrancaron el pasado mes de diciembre para los trabajadores fijos, el concurso libre sigue posponiéndose a espaldas de la transparencia.

Según confirman fuentes internas a EL ESPAÑOL-Invertia, la única fecha a la que se pueden agarrar por ahora los interesados en presentar su candidatura a examen para acceder a la pública es el mes de marzo, cuando se prevé que se anuncie públicamente el número de plazas disponibles.

Asimismo, en estos momentos hay otros dos actores clave en el desbloqueo de la situación: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Hacienda. Ambos se encargarán “en los próximos días” de dar luz verde a la cantidad de vacantes que RTVE puede ofertar en sus oposiciones.

¿Por qué está bloqueado el proceso?

Desde que José Manuel Pérez Tornero aterrizara en la presidencia de RTVE han sido varias las fechas que se han barajado entre sindicatos, plantilla y directiva para la puesta en marcha de los exámenes. Lo que en un principio podría estar previsto para septiembre se fue aplazando a la previa de Navidad y ahora, según explican a este diario fuentes sindicales, podría cerrarse “poco antes de verano”.

El porqué de la espera, sin embargo, va más allá de una discusión interna o un eterno cálculo de los vacíos a llenar: ¿Qué está frenando el proceso? 

Actualmente, y una vez puestos en marcha los procedimientos internos, en el ente no se procede a comunicar detalles de la convocatoria porque aún hay que adaptar la Ley de trabajadores eventuales (conocida como Ley de interinos) a la administración pública.

Esta norma, que se aprobó en diciembre, se encuentra ahora mismo en manos de la SEPI y Hacienda. El siguiente paso que debe realizarse pasa por negociar la cifra exacta de plazas que se van a ver afectadas y esperar la autorización final. Cuando esto quedase resuelto se terminaría de adaptar la ley a RTVE -trasponer la norma al convenio del ente- y por fin se lanzaría el concurso público a la calle. Según vaticinan fuentes internas a este diario, todos estos movimientos están agendados y finalizarían a comienzos del mes de marzo.

Torrespaña (RTVE)

Desacuerdo sindical 

Con el panorama actual, y tomando conciencia de los pasos legales pertinentes antes de la celebración del concurso libre, en la plantilla algunos han tachado de poco previsora a la directiva y han acusado a esta de “ir improvisando”.

Sin embargo, esto podría no ser del todo cierto si se tiene en cuenta que los tiempos legales se vieron alterados en el último trimestre del año. “La ley se retrasó mucho en su tramitación y eso impedía saber cómo podría llegar a afectar a RTVE”, explican desde UGT. “En el momento de la negociación del convenio todavía no existía como tal la Ley de Interinos y, aunque estaba incipiente, afectaba básicamente a la función pública”.

En ese determinado momento, la tensión existente desde tiempos inmemoriales entre los sindicatos de la pública se incrementó. En este caso, voces internas han explicado a este medio que sindicatos como “CC.OO, CGT o USO” mantuvieron la intención de llevar adelante las oposiciones sin tener en cuenta la ley alegando que “no afectaba”, mientras que los sindicatos que finalmente firmaron el documento (UGT y SI) defendían que se corría el riesgo de que se impugnara todo el proceso una vez aprobada la norma. Por tanto, los movimientos se retrasaron a 2022.

Un proceso de casi dos millones 

Más allá de los plazos, cabe recordar que todo este proceso ha supuesto un enorme gasto para la Corporación de Radio y Televisión Española. Los de Tornero lanzaron a finales de 2021 una licitación para externalizar la gestión del concurso por un valor de 1,8 millones de euros.

La intención del ente era encontrar una empresa que coordinara asuntos como el servicio de selección para la cobertura de plazas o la puesta en marcha de una plataforma informática que bajo los principios de publicidad, igualdad y mérito gestionara “las candidaturas a los diferentes puestos de trabajo” que se soliciten desde la pública.