Finalmente, el Ministerio de Cultura, a través de su órgano adscrito la Comisión de Propiedad Intelectual, no será juez y parte a la hora de fijar las tarifas que las entidades de gestión cobran a los medios de comunicación por los derechos de autor. Entidades entre las que encontramos al Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) o a la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae).

Este jueves se rechazó en el Congreso la enmienda que eliminaba la participación del Ministerio de Asuntos Económicos y de la CNMC en la fijación de estas tarifas. Se hizo dentro de la discusión de un proyecto de ley con un paquete de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19.

Lo sorprendente es que la enmienda se tumbó con los votos del PSOE, pese a que el propio Ministerio de Cultura, a través del grupo parlamentario socialista en el Senado introdujo esta enmienda el pasado 15 de septiembre cuando el proyecto de medidas contra la Covid fue dejado visto para sentencia en el Congreso.

Estamos ante un cambio radical de opinión del Ministerio que se produce horas después de que este periódico denunciara la introducción de esta enmienda y patronales como Uteca, DigitalES o la AERC se quejaran públicamente.

Hasta ahora la fijación de precios debía hacerse mediante una Orden Ministerial de Asuntos Económicos previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero si se hubiese aprobado la nueva normativa en el Congreso sólo Cultura hubiese tenido potestad para establecer los criterios y límites en base a los que se van a imponer estos precios. 

En la práctica, estábamos ante una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual (TRLP), pero sin tocar este cuerpo normativo. Un cambio de calado que se hace aprovechando un paquete de medidas que nada tiene que ver con la gestión de derechos de autor.

CNMC y Economía

Esta enmienda había indignado a todos los sectores, que van desde operadoras de telecomunicaciones, pasando por cadenas de televisión, radios y periódicos. El caso es que esta norma deja en las manos de un solo departamento la fijación de los precios que cobran las entidades de gestión, lo que se suma a las atribuciones que ya tenía la Comisión de Propiedad Intelectual de arbitrar si es que había desacuerdo en el cobro de estos derechos.

Históricamente, los medios de comunicación han criticado los precios que se les obliga a pagar a las entidades de gestión, considerados desorbitados en algunos casos.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que si el proceso de fijación de tarifas se hace exclusivamente desde el Ministerio de Cultura, la ventaja comparativa de las entidades de gestión es evidente y que los medios no tendrían ninguna oportunidad en eventuales arbitrajes de la Comisión de Propiedad Intelectual. 

En estos momentos hace falta una Orden Ministerial sobre metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Pero con la nueva normativa se dejaba en manos de la Sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual todo este procedimiento.