Pedro Sánchez pedirá a los grupos políticos el máximo consenso posible para desbloquear la renovación del consejo de administración de RTVE y el nombramiento de un nuevo presidente de la Corporación. 

Así lo ha confirmado el presidente de Gobierno en su comparecencia de este martes para explicar las nuevas medidas del Ejecutivo para combatir el coronavirus. Sánchez pidió acuerdos "de país" con todos los partidos para consolidar instituciones fuertes y desbloquear las renovaciones de RTVE, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Es primera vez que Sánchez se refiere a la renovación de RTVE durante la pandemia, una promesa de campaña que todavía no puede cumplir. La renovación de RTVE esta paralizada desde que Sánchez llegó a Moncloa en verano de 2018 y semanas después nombró a Rosa María Mateo como administradora única provisional, un cargo que la periodista ha mantenido ya durante más de dos años.

En su acuerdo programático presentado al formalizar su alianza de Gobierno a comienzos de 2020, PSOE y Podemos sólo dedicaron cuatro líneas de sus 51 folios a RTVE, adelantando que se "perfeccionaría el concurso público", un proyecto que nunca volvieron a retomar en meses posteriores.

"Defendemos un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que se convierta en polo de producción, orientada al fomento y difusión de la cultura española, impulsando la renovación del Consejo de Administración mejorando el sistema de concurso público", dijeron en el documento.

Comité de Expertos

En diciembre de 2018 y después de cinco meses de deliberación, el Comité de Expertos designados por los partidos eligió a los 20 postulantes a los diez sillones del consejo (uno de ellos deberá ser presidente). No obstante, la parálisis política, las sucesivas elecciones parlamentarias y la veintena de recursos de aspirantes descartados en el proceso, han paralizado su tramitación.

El propio Diego Carcedo, presidente del Comité de Expertos, reconocía públicamente el descontento con la elección de candidatos. "Hay personas que tenían méritos muy importantes pero que era imposible que pasaran el corte con los baremos que imponía la norma", explicó: "Se fijaba mucho en la información, menos en la programación y prácticamente nada en la técnica, la administración o la gestión empresarial".

En una carta enviada en diciembre de 2019 al Congreso este mismo Comité de Expertos denunció que "RTVE se encuentra en una situación de grave irregularidad democrática", refiriéndose a la interinidad de Rosa María Mateo como administradora única y sin un Consejo de Administración que ejerza de contrapeso desde julio de 2018. 

El Comité solicitó la "culminación urgente" de este concurso público. "Trabajamos intensivamente durante cinco meses para evaluar los currículos y los proyectos del centenar de candidatos, alcanzando un notable grado de consenso en la selección final", advirtieron.

Entre los elegidos por el Comité para postular a la presidencia se encuentran figuras como Alicia Gómez Montano, Javier Montemayor, Rafael Camacho, Manuel Ventero, José Manuel Pérez, María Eizaguirre, Francisco Moreno, Juan Manuel Romero, Eladio Jareño, Vicente Sanclemente.

Renuncia de Rosa María Mateo

Completan la lista Carmen Sastre, Paco Lobatón, Juan Jesús Buhigas, Miguel Ángel Martín Pascual, María Isabel Raventós, Agustín García Matilla, Roberto Lakidaín, Juan Roberto Mendès, Joaquín Cuixart y Laureano García Hernández. Profesionales que no tienen un perfil político y que no están en la órbita de Podemos y PSOE.

Con todo, uno de los retos que tiene el nuevo Gobierno es poner fin a la interinidad de Rosa María Mateo, que ha coincidido con los peores resultados de audiencia de la Corporación, menos de un 9% de share para La 1, casi dos puntos menos que en 2018. 

La propia Mateo anunció en febrero que con el nuevo Gobierno dará por concluida su etapa en RTVE, y en marzo volvió a pedir que se reactivar el concurso público, pero la búsqueda de su sustituto no es fácil, incluso si es que PSOE y Podemos deciden finalmente seguir con el concurso público en marcha.

Pero todo está paralizado por la imposibilidad de los partidos para ponerse de acuerdo y por la escasa voluntad del Gobierno para poner el tema en la agenda legislativa.