Equipaje en una cinta del aeropuerto.
Suspendido el concurso de viajes del Estado tras el recurso de Gebta, IAG7 Viajes y Nautalia
El recurso está pendiente de resolución.
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decidido suspender cautelarmente la licitación del acuerdo marco para la prestación de los servicios de agencia de viajes de la Administración del Estado, valorado en 990 millones de euros.
Gebta interpuso un recurso contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, además de IAG7 Viajes y Nautalia. Éste está pendiente de resolución.
Para la entidad de viajes corporativos, esta licitación incurre en infracciones "sustanciales" de los principios y normas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y por vulneración de los principios de proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad de trato y motivación suficiente en la preparación del expediente.
En un comunicado anterior, Gebta criticó la estructura de precios rígidos y la obligación de garantizar cupos o tarifas estables durante la vigencia del acuerdo marco, bajo amenaza de penalizaciones y sanciones automáticas.
Éstas pueden alcanzar el 10% del importe del contrato basado y, acumuladas, hasta el 50% del valor total, lo que considera "abusivas y contrarias" a la dinámica real del mercado, además de que "no se ajustan a la naturaleza jurídica de la actividad de las agencias de viajes".
Este recurso de Gebta encontró el respaldo oficial de la patronal UNAV, ya que su presidente, José Luis Méndez, urgió a que la Administración varíe "su criterio excluyente" con respecto a las normas transversales que "afectan a la industria del turismo y los viajes y se abra a escuchar a los profesionales y expertos a la hora de elaborar normas y desarrollos legales".
"La consecuencia práctica de esta cláusula es la restricción absoluta de la libertad de empresa y de competencia, porque viene a obligar a los adjudicatarios del acuerdo marco a participar en todos los contratos basados, incluso en aquellos que resulten inviables o contrarios a su interés empresarial", añadió al respecto.
Así, la patronal criticó que, "de nuevo se evidencia el nulo interés del legislador en escuchar a las voces autorizadas del sector", de igual forma que ya hizo con el RD 933/2021, según la entidad, denunciando que "la orden ministerial sigue en el limbo jurídico, con las consiguientes dudas e incertidumbres que ello acarrea".
Además, en lo que respecto al concurso, finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación para el concurso del pasado 11 de noviembre, no se recibió ninguna solicitud para ninguno de los dos lotes en los que se divide el objeto del acuerdo marco.
En consecuencia, la comisión permanente acordó proponer al órgano de contratación declarar desierta su licitación, tal y como consta en un acta de dicho organismo, que sería efectivo con la posterior resolución.
