Reunión del pleno del Parlamento Europeo, en una imagen de archivo.
El PSOE europeo deja solo al Gobierno de Pedro Sánchez en su respaldo a los proveedores chinos de defensa
España es el país que más enmiendas presenta a la ley de ciberseguridad.
Más información: El Parlamento Europeo presentará en septiembre su plan para vetar a Huawei con la oposición del PSOE español
El grupo socialista del Parlamento Europeo ha dejado prácticamente solo al Gobierno español en su férrea defensa a los suministradores chinos -como Huawei- como proveedores tecnológicos de los Estados miembros.
Así se desprende del análisis de las enmiendas presentadas a la actualización de la ley de ciberseguridad comunitaria (Cybersecurity Act 2), tanto por los grupos parlamentarios como por los países que componen la Unión Europea (UE).
La nueva ley de ciberseguridad propuesta por la Comisión Europea prevé obligar a los Estados a desconectar de proveedores calificados de alto riesgo provenientes de países de fuera de la OTAN.
Para ello establece sistemas para designar proveedores y países de alto riesgo y un plan para desmontar estas infraestructuras en un plazo máximo de 36 meses. Además de 5G, incluye centros de datos, fibra óptica y equipamientos digitales.
Los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia reflejan que el posicionamiento del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) ha dado un giro en las últimas semanas.
En cuanto a la prohibición de proveedores de alto riesgo ha avanzado hacia las posturas más cercanas a la Comisión Europea. Incluso piden recortar los plazos a doce meses para que las operadoras europeas reduzcan su dependencia de estos proveedores de alto riesgo.
Este diario advirtió antes del verano que había división en los socialistas europeos por las presiones del Gobierno español que pedía garantías para no perjudicar la inversión ni las relaciones con países como China.
![El centro de ciberseguridad de Huawei en Bruselas](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11169778.jpg?p=w:1706\/h:960&h=BN-60gTh"])
Pero tras el análisis de las enmiendas se infiere que el grupo parlamentario europeo -el segundo más numeroso del Parlamento después de los populares- se ha separado completamente de los postulados del Ejecutivo español.
Al mismo tiempo, los documentos reflejan que la postura de España se mantiene como una de las más críticas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado aproximadamente un tercio de todas las enmiendas pidiendo cambios estructurales a la ley.
Fuentes de Bruselas insisten a este diario que la da la sensación que las correcciones de España buscan torpedear la nueva ley y aumentan sus sospechas de que nuestro país sigue siendo el mejor aliado para los intereses de las empresas y el Estado chino.
El gran foco de debate antes del verano era definir quién era el responsable de vetar a proveedores o países de alto riesgo. España pedía que fueran los Estados miembros en vez de la Comisión.
![Sánchez y Merz tras el encuentro que han tenido este jueves en La Moncloa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11065537.jpg?p=w:1706\/h:960&h=ONptFZ92"])
Y en las enmiendas esta posición no ha variado sustancialmente. Ahora España prefiere que la Comisión ejecute el procedimiento, pero siempre bajo el control de los Estados miembros.
Esto se haría mediante votación por mayoría cualificada y con la participación del Consejo (donde están los Gobiernos) cuando existan implicaciones comerciales o geopolíticas.
En la práctica se genera un sistema burocrático en que el control siempre lo tendrían los países y con serias trabas para ponerse de acuerdo en torno a los temas sensibles.
Respecto de este punto, el grupo parlamentario socialista marca distancias apoyando que la Comisión Europea conserve la competencia, aunque exige condicionar esta potestad a criterios de transparencia, objetividad y garantías procedimentales.
![Vistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11194171.jpg?p=w:1706\/h:960&h=A5q7xj2u"])
Para la verificación de si un tercer país representa un riesgo no técnico grave y estructural para las cadenas de suministro proponen que un grupo de al menos tres Estados miembros solicite a la Comisión iniciar esta verificación.
Aunque piden plazos concretos para evitar que estos análisis se eternicen y se garantice una resolución expedita de los bloqueos.
Esta postura no solo está lejos de España, sino que también de los populares (EPP) que piden que sea el Consejo Europeo el responsable de elaborar esta lista. Una propuesta que también ha hecho Italia.
Respecto de plazos, el otro gran debate instalado en el seno de la Comisión Europea es el tiempo que deben tener los operadores para eliminar a los proveedores de alto riesgo. El equipo de Ursula von der Leyen propone 36 meses.
Plazos para la desconexión
Sin embargo, España propone un plazo mínimo de 48 meses para entidades esenciales en la sustitución o desmontaje de componentes en activos críticos.
Pero es que además propone un escudo protector de 36 meses frente a sanciones para los equipos y componentes que ya estuvieran instalados y operativos a la fecha de publicación de la lista oficial de suministradores de alto riesgo.
También pide una transición de 24 meses para nuevas compras y cláusulas de caducidad, es decir que las empresas en la lista de suministradores de alto riesgo caduquen a los tres años, salvo renovación tras una nueva evaluación de riesgo.
En el caso del grupo parlamentario socialista siguen el camino totalmente contrario al que propone España ya que piden reducir estos tiempos.
Diputada del PSOE
Así, piden que el plazo para la retirada gradual de los componentes suministrados por proveedores de alto riesgo para las redes de comunicaciones electrónicas móviles no exceda los 12 meses a partir de la publicación de la lista.
Las enmiendas del S&D están firmadas por los europarlamentarios Maria Guzenina, François Kalfon y Laura Ballarín. Esta última es miembro del Partido Socialista de Cataluña (PSC).
En septiembre el Parlamento Europeo deberá discutir su propuesta definitiva, por lo que la Comisión Europea espera acercar posturas para que antes de que termine el año pueda tener un texto definitivo.
