Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, en el Capital Markets Day (CMD) 2025.

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, en el Capital Markets Day (CMD) 2025. Agencias Telefónica

Tecnología

Telefónica gana a la Agencia Tributaria un histórico juicio por ayudas fiscales y recupera 461 millones de euros

La Audiencia Nacional falla a favor de la operadora de telecomunicaciones.

Se abre la puerta a que otras compañías del Ibex también reciban devoluciones.

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Las claves

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Telefónica ha ganado en la Audiencia Nacional un juicio histórico contra la Agencia Tributaria por ayudas fiscales vinculadas a la compra de empresas extranjeras.

La sentencia reconoce a Telefónica el derecho a recuperar 461 millones de euros por la anulación de liquidaciones fiscales entre 2005 y 2015.

Este fallo se basa en la deducción del fondo de comercio financiero, práctica avalada previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La decisión podría beneficiar también a otras grandes empresas españolas que recurrieron estas liquidaciones, como Iberdrola o Ferrovial.

Telefónica ha ganado en la Audiencia Nacional un histórico pleito contra la Agencia Tributaria (AEAT) por ayudas fiscales asociadas a la amortización de fondos de comercio en la compra de empresas extranjeras, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

La operadora de telecomunicaciones estima que la anulación de las liquidaciones aplicadas por la AEAT en estas operaciones les genera un derecho de cobro de 461 millones de euros a la Hacienda española.

La sentencia todavía no es firme, aunque -según estima la operadora de telecomunicaciones en sus cuentas semestrales- sólo admite recurso de la Administración relativa a los intereses de demora.

Entre 2005 y 2020 (los años en que la AEAT cuestionó estas ayudas), Telefónica fue muy activa adquiriendo participaciones en empresas foráneas con la compra de O2 en Reino Unido a principios de 2006, por 26.000 millones; y Vivo en Brasil en julio de 2010, por 7.500 millones.

El origen de este litigio está en una norma aprobada por el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) que permitía a las empresas españolas que adquirieron otras compañías en el extranjero deducirse parte del fondo de comercio financiero que generaban y así evitar pagar parte del impuesto de sociedades.

Pero algunas grandes empresas europeas consideraron que estas deducciones podrían considerarse ayudas de Estado y, por tanto, incompatibles con el régimen comunitario. En este sentido, presionaron a la Comisión Europea y a España para que recuperara estos montantes.

Así fue como la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria movió ficha y recuperó las ayudas fiscales "asociadas a la amortización de fondos de comercio por la adquisición indirecta de participaciones en compañías extranjeras" entre los ejercicios de 2005 a 2020.

Una acción que no solo perjudicó a Telefónica sino a otras empresas españolas como Iberdrola o Ferrovial que también se acogieron a estas exenciones por compras de empresas extranjeras durante este periodo.

Estas empresas lograron un fallo a su favor por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 26 de junio del año pasado, reconociendo que las deducciones estuvieron bien aplicadas.

A partir de esta denuncia, todas las liquidaciones practicadas fueron recurridas por Telefónica ante los tribunales españoles. Según informó El País hace un año también lo hicieron otras empresas afectadas reclamando montantes cercanos a los 2.500 millones.

Es así como el pasado 28 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional dictó sentencia estimatoria en relación con los ejercicios 2005 a 2015, declarando la nulidad de las liquidaciones impugnadas a Telefónica y reconociendo el derecho a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas.

Como consecuencia de la anulación de las liquidaciones, Telefónica ha reconocido un derecho de cobro por importe de 461 millones de euros, registrado en el epígrafe "Hacienda Pública deudora por impuesto sobre beneficios corriente" al 30 de junio de 2026.

En este contexto, se han aplicado impuestos diferidos activos por importe de 334 millones de euros y se ha reconocido un impacto positivo de 127 millones de euros en el gasto por impuesto sobre beneficios del primer semestre de 2026.

Telefónica explica que al 30 de junio de 2026 la citada sentencia aún no era firme, si bien en opinión de la compañía y de sus asesores legales, tras el allanamiento de la Administración, "únicamente resultaba jurídicamente viable la interposición de un recurso en relación con el pronunciamiento de la sentencia relativo a los intereses de demora",

En este sentido, Telefónica señala en sus últimas cuentas semestrales que "subsistían incertidumbres respecto de dicho extremo".

"En consecuencia, a esa fecha no concurrían las condiciones necesarias para concluir que la entrada de beneficios económicos asociada a los referidos intereses fuera virtualmente cierta y, por tanto, no se ha reconocido activo alguno por este concepto en los presentes estados financieros intermedios", advierten.

En cualquier caso, las reclamaciones en el caso de Telefónica podrían ser mayores ya que el reciente fallo no incluye los últimos cinco años del periodo, desde 2016 a 2020.

Del mismo modo, este fallo de la Audiencia Nacional abre la puerta a que otras compañías que hayan denunciado a la AEAT puedan resultar favorecidas por estas devoluciones fiscales.

No es la primera vez que Telefónica gana un pleito a la Agencia Tributaria en la última década. A finales del año 2022 se anotó unos ingresos extraordinarios de 1.316 millones de euros por las devoluciones de impuestos tributados de forma indebida.

Sentencias favorables

En octubre de ese año recibió la notificación del acuerdo de ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional que permitió recibir de la AEAT unos pagos de 790 millones y otros 526 millones en concepto de intereses de demora.

Dos años antes, en 2019, se sumaron 702 millones de euros que recuperaron tras una inspección de los ejercicios 2008 a 2011. Es así como en la última década han recuperado unos 2.500 millones por este tipo de litigios judiciales contra retenciones fiscales.