Imagen de archivo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El Parlamento Europeo presentará en septiembre su plan para vetar a Huawei con la oposición del PSOE español
La propuesta seguiría la línea planteada por la Comisión Europea en febrero.
Se debate la soberanía de los Estados para definir los proveedores de alto riesgo.
Más información: España vuelve a bloquear el veto de Bruselas a Huawei para proteger sus pactos industriales y comerciales con China
La comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo (PE) ultima su propuesta de actualización de la ley de ciberseguridad (CSA 2) para presentarla en agosto y discutirla el mes de septiembre.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes comunitarias, el proyecto estará en la línea del que presentó el 20 de enero la Comisión Europea y que consiste en exigir a los Estados miembros el veto a proveedores de alto riesgo como Huawei o ZTE en todas sus infraestructuras críticas.
Sin embargo, estas mismas fuentes indican a este periódico que el plan ha generado división en el grupo socialista (S&D) en el parlamento comunitario, principalmente por las demandas del PSOE español que se opone a una regulación estricta por parte de la Unión Europea (UE).
De cara a su discusión en el pleno del Parlamento Europeo se podrían repetir las divisiones que ya se han manifestado en las últimas semanas en relación al borrador de la Comisión Europea.
En este debate el Gobierno de España ha sido muy activo -a través del Ministerio de Transformación Digital- oponiéndose a que sea la Comisión Europea la que decida cuáles deben ser los suministradores de alto riesgo.
España sostiene que deben ser los Estados miembros los que, respetando su soberanía, decidan cuándo, quiénes y cómo deben ser vetados estos proveedores, entre los que se incluyen los suministradores chinos.
Los grandes proyectos europeos requieren tres informes. El de la Comisión, el del Parlamento y el del Consejo de Europa. Todos deben ser aprobados de manera independiente por sus propios organismos.
![La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11290526.jpg?p=w:1706\/h:960&h=AVRqegue"])
Luego se forma una comisión con miembros de las tres instituciones (trílogo) para llegar a un acuerdo provisional sobre una nueva ley antes de que se vote formalmente, lo que permite acercar posturas para acelerar su tramitación.
Por ello, el borrador del PE es clave en la CSA 2 ya que refleja el sentir de los partidos políticos representados, por lo que puede allanar la discusión en el Consejo de Europa, donde están representados los gobiernos.
La ponente de la comisión de Industria, Investigación y Energía del PE es Markéta Gregorová (eurodiputada checa de los Verdes), que pide límites estrictos para los proveedores tecnológicos extranjeros de alto riesgo. También se ha posicionado duramente contra los suministradores chinos.
Por formaciones políticas, fuentes dentro del Parlamento consultadas por este diario advierten que el Partido Popular Europeo (PPE), la primera minoría de la cámara, exige normas vinculantes contra estos proveedores de alto riesgo.
![El centro de ciberseguridad de Huawei en Bruselas](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11169778.jpg?p=w:1706\/h:960&h=BN-60gTh"])
También advierten de que si los Estados miembros asumen este veto podrían reducir los estándares europeos por razones de costes y algunos exigen el uso obligatorio de tecnología de la UE en infraestructuras críticas, pese a su mayor precio.
Los liberales apoyan la normativa pero presionan para que su alcance se amplíe más allá de las telecomunicaciones, incluidos los sistemas energéticos. Son muy duros y piden reducir el peso de China en inversiones solares, baterías y controles industriales.
Los conservadores y reformistas europeos (ECR) también mantienen una postura dura frente a China, aunque internamente están divididos entre quienes apoyan la acción a nivel de la UE y quienes defienden que se haga desde la soberanía nacional.
Los verdes apoyan los esquemas de certificación de la UE como una herramienta de independencia, pero exigen que estén anclados en valores europeos y estándares abiertos en lugar de convertirse en medidas proteccionistas.
![Vistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11194171.jpg?p=w:1706\/h:960&h=A5q7xj2u"])
Los Patriotas por Europa también plantean la necesidad de evitar el estatus de "ciber colonia" y la dependencia de terceros países aunque no apuntan en ninguna dirección concreta.
En tanto, la izquierda considera que la propuesta es insuficiente porque permite perder soberanía en favor de las grandes tecnológicas. A diferencia de otros grupos, su principal preocupación es la dependencia de los grandes gigantes tecnológicos de EEUU, pero no de China.
Finalmente, los partidos agrupados en torno al S&D (socialistas y demócratas) y donde está el PSOE español, enmarcan la ley dentro de una agenda de Más Europa centrada en la gobernanza, las formas de aplicación y la política industrial para hacer frente al riesgo digital sistémico.
En lugar de prohibir proveedores directamente, se centran en las normas, la certificación y en reducir las dependencias mediante la inversión en I+D, presupuestos para formación y el apoyo a campeones europeos de ciberseguridad.
Posición de España
No obstante, dentro de esta propuesta el PSOE español se está mostrando mucho más beligerante pidiendo una norma mucho más flexible y que pueda ser adaptada a las necesidades nacionales.
España (el Gobierno y sus diputados en Europa) defienden que la prioridad es proteger las alianzas comerciales con terceros países y, por ello, piden mayor libertad para decidir sobre estos proveedores.
España lleva cinco años poniéndose de perfil en el tema y no ha aplicado todavía el toolbox de ciberseguridad de la Unión Europea, pese a que se aprobó hace casi un lustro.
Hasta ahora Bruselas había sugerido el veto a proveedores chinos, pero al constatar que solo diez países lo han aplicado han decidido establecer una legislación más restrictiva y hacer obligatorio este bloqueo.
Contratos con Huawei
El problema es que España vuelve a minimizar el riesgo y así se ha constatado en las reuniones del Parlamento y del Consejo de Europa donde no parece querer establecer vetos explícitos.
En los últimos años ha dicho insistentemente que no es necesario activar esta lista porque los operadores de telecomunicaciones han hecho una desescalada voluntaria de proveedores como Huawei.
Pero hasta la fecha estos mismos operadores mantienen al menos un 30% de sus redes en sus manos. Además, en este tiempo España ha seguido otorgando contratos en infraestructura sensible al proveedor chino.
Durante las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos en el pleno del Parlamento Europeo en el que diferentes formaciones políticas han puesto en el foco los contratos de la Administración española con Huawei y el riesgo que esto supone para todo el resto del continente.
Postura del Parlamento Europeo
España se defiende indicando que no hay ninguna vinculación directa con estos proveedores en sistemas críticos, pese a las dudas que existen en Bruselas y buena parte del arco parlamentario de la Unión Europea.
En este sentido, algunos parlamentarios de la UE creen que España no tiene interés en realizar ningún tipo de veto y que solo quiere tener el poder de decidir sobre los proveedores de alto riesgo para protegerlos.
Con todo, parece que las posturas dentro del Parlamento Europeo parecen cercanas -al menos en los grandes bloques- lo que permitiría publicar un borrador en la línea de la Comisión Europea.
Esto es un veto a proveedores chinos, su salida de las infraestructuras críticas y un estándar común para definir las certificaciones técnicas. La única duda es ver cómo se posiciona finalmente el S&D.
Y si finalmente las presiones del PSOE español surten efecto para que adopten una postura más laxa respecto a los mecanismos para llevar a cabo este bloqueo a los suministradores de alto riesgo.
