El Gobierno adjudica a Telefónica el contrato para la ciberseguridad del Estado y Orange recurrirá su exclusión

Así lo acordó la Mesa de Contratación designada por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública en una reunión celebrada el pasado viernes y cuyas actas han sido publicadas este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pasado 24 de julio, el Ministerio adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Orange, TRC y Mnemo el lote número 3 del contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas, valorado en 103,92 millones de euros (posibles prórrogas incluidas).

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En concreto, asignó a esta UTE la gestión de los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e internet por 66.865.845,54 euros (55.261.029,38 euros sin IVA) tras imponerse en el proceso a Telefónica. En concreto, obtuvo una nota de 89,94 puntos, frente a los 85,76 de su rival.

El pasado 22 de agosto, el Ministerio decidió suspender el proceso tras el recurso presentado por Telefónica ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Exclusión

Este organismo acordó la semana pasada la anulación del acuerdo de adjudicación a la UTE liderada por Masorange y, en consecuencia, retrotraer el proceso al momento justo anterior para que la mesa pudiera continuar con la tramitación de la licitación.

En este escenario, la mesa acordó el pasado viernes tomar en consideración la opinión del tribunal y excluir del proceso a Masorange, quedando la de Telefónica como única oferta en la licitación.

En consecuencia, dicho organismo ha propuesto la adjudicación del contrato a Telefónica de 76.304.529,19 euros (63.062.423,30 euros, impuestos incluidos) "por ser la oferta con la mejor relación calidad-precio para la Administración".

Tras esta decisión, fuentes de Masorange han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que no comparten la opinión del Tribunal y que anuncian que recurrirán la decisión ante las instancias oportunas, “al considerarla desproporcionada y contraria a la doctrina europea”.

Cuestión formal

En este sentido, remarca que lo que ha motivado esta decisión ha sido una cuestión formal: la supuesta ausencia de un plan de igualdad de uno de los socios de la UTE, que ya fue subsanada.

A este respecto, incide en que la doctrina europea aplica el principio de Self Cleaning o Auto Corrección, por el cual no procede mantener una exclusión de un concurso por cuestiones formales ya subsanadas.

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Asimismo, añade que esta resolución no cuestiona la calidad de la oferta, que obtuvo la mejor valoración en dos de los tres aspectos analizados: solución técnica, la más relevante en un concurso de esta naturaleza, y propuesta económica, ya que su oferta era unos ocho millones de euros más baja.

“En todo caso, esta cuestión es puramente formal y nada tiene que ver con la calidad de la oferta ni con la capacidad de la UTE para ofrecer estos servicios”, incide Masorange, que recuerda que ya está ejecutando los servicios del otro lote que se adjudica: los servicios de comunicaciones de voz fija y móvil.

Por todo ello, confía en que próximas resoluciones respalden sus argumentos y permitan al Estado “contar con las mayores garantías en sus comunicaciones, tanto en calidad técnica como en seguridad”.