Ayudas económicas, menos burocracia y colaboración: las telecos piden apoyo al Gobierno para reforzar las redes

Un proceso que, según avisan las telecos, debe ser coordinado entre la administración pública y el sector privado, incluyendo apoyo económico, evitar una mayor carga burocrática y tener en cuenta la legislación vigente y los planes que ya tienen en marcha las compañías antes de exigir nuevas medidas.

Así se lo han hecho saber las operadoras al Gobierno en sus respuestas a la consulta pública realizada este septiembre de cara a la elaboración de una norma sobre "la seguridad y la resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales".

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El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha recibido un total de 23 aportaciones en la consulta que se cerró el pasado 26 de septiembre. Su intención es presentar el borrador de un real decreto al respecto en próximas semanas, donde ya se conocerán cuáles son las propuestas concretas del Ejecutivo.

Según explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, las telecos son las primeras interesadas en garantizar el buen funcionamiento de las redes, tal y como refleja el hecho de que prácticamente todas las operadoras cuentan ya con planes de contingencia para abordar situaciones de emergencia.

Condiciones

Sin embargo, como han trasladado al Ejecutivo, la industria de las telecomunicaciones no puede abordar sola un refuerzo adicional de estas medidas, que se debe llevar a cabo de forma coordinada y colaborativa entre las Administraciones Públicas y el sector privado, incluyendo empresas de otros sectores.

A este respecto, en sus respuestas han incluido algunas peticiones concretas, teniendo en cuenta que reforzar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras tiene un coste elevado, especialmente en aquellas zonas del país donde los despliegues no son rentables.

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Por ejemplo, en Reino Unido el regulador calcula que fortalecer la resiliencia energética de los emplazamientos para que la población tenga acceso a los servicios de emergencia durante cuatro horas costaría alrededor de 1.000 millones de libras (unos 1.150 millones de euros).

Por ello, reclaman distintos mecanismos de apoyo, que pueden incluir desde subvenciones y el uso de fondos europeos o la puesta en marcha de programas de confinanciación público-privada en áreas críticas.

Dos técnicos de Masorange trabajando para recuperar el servicio de telecomunicaciones tras la dana. Masorange

También deducciones fiscales para las empresas que inviertan en seguridad y la ya habitual petición de revisar las cargas tributarias que soporta el sector.

Por ejemplo, recuerdan que las infraestructuras de telecomunicaciones que se vieron dañadas por la dana de Valencia no se han beneficiado de ninguno de los planes de ayudas a la reconstrucción que se han puesto en marcha. Y eso que los daños físicos fueron considerables.

Burocracia

Por otro lado, señalan que si se establece la obligación de presentar planes de seguridad y resiliencia se tengan en cuenta los que llevan tiempo elaborando las operadoras de acuerdo a sus particularidades y que ya abordan numerosos aspectos concretos.

Asimismo, tampoco debería ignorarse que a día de hoy existen distintas normativas, directivas o certificaciones (en vigor o en fase de implementación) que abordan muchos de los aspectos que se plantean la consulta pública.

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Por ejemplo, recuerdan que desde 2014 existe una orden ministerial que regula las condiciones relativas a la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y que incluye un apartado específico para la notificación de sucesos que conlleven "una importante degradación de la calidad de servicio".

A este respecto, abogan por mantener los umbrales y tiempos de comunicación actuales y unificar los reportes con un modelo estándar. Y es que, según advierten, un exceso de burocracia afectaría a los procesos de los equipos que están centrados en resolver la incidencia.

Un técnico de Fibra Valencia trabajando en la recuperación del servicio de telecomunicaciones tras la dana del 29 de octubre. Aotec

En términos generales, remarcan que cualquier planificación exigida tenga en cuenta tanto los condicionantes técnicos como económicos. Entre los técnicos, se encuentran las limitaciones de espacio y de contaminación acústica o medioambiental o la ubicación de los equipos.

En cuanto a los económicos, avisan de que imponer parámetros concretos conllevaría una inversión inicial elevada, así como el coste derivado de la renovación de los equipos externos (aproximadamente cada cuatro años) y la reposición de los robados.

Otras medidas

Otras medidas concretas que sugieren son más coordinación e implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad en la previsión y persecución de robos de cable y equipamiento, especialmente en zonas rurales, y un endurecimiento de la legislación penal frente a estos delitos. Sólo en 2024 se registraron más de 4.400 robos de cable, un 87% más.

Asimismo, solicitan una gestión ágil de salvoconductos para facilitar el acceso de los técnicos o garantizar el apoyo de las fuerzas de seguridad en situaciones críticas o zonas conflictivas. A nivel administrativo, abogan por una mayor coordinación en las obras y agilizar las intervenciones de la Administración.

Por otro lado, las operadoras también piden que se garantice el acceso a recursos críticos como puede ser el combustible para equipos electrógenos, generadores en casos graves o transporte en el caso de las islas.

Por último, reclaman la creación de una mesa de trabajo donde estén involucrados telecos, operadores de infraestructuras y todos aquellos actores públicos y privados que intervengan. También una mayor coordinación entre organismos autonómicos, nacionales, europeos e internacionales para evitar duplicidades.