El Gobierno obligará a Movistar, Masorange, Vodafone y Digi a garantizar el servicio ante una dana o un apagón

Para ello, el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha propuesto que compañías como Telefónica, Masorange, Vodafone o Digi deban contar con planes que garanticen la seguridad de sus infraestructuras y evitar o reducir al mínimo el impacto de posibles incidentes en los usuarios.

Así se recoge en la consulta pública que acaba de abrir el Ministerio como paso previo para la elaboración de una norma sobre "la seguridad y la resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales".

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La convocatoria de esta consulta fue adelantada la pasada semana por Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, durante su participación en el encuentro anual de la patronal tecnológica Ametic que se celebra en Santander.

El texto publicado por el Ministerio señala que el Gobierno está analizando la posibilidad de iniciar y tramitar una iniciativa normativa con el objetivo de regular las condiciones y actuaciones que permitan reforzar las redes ante posibles futuros incidentes.

Dos técnicos de Masorange trabajando para recuperar el servicio de telecomunicaciones tras la dana. Masorange

Una normativa que, según explica, se aplicará especialmente ante situaciones y acontecimientos que afecten a su integridad y su disponibilidad, la interrupción del servicio o una importante degradación en las condiciones de prestación.

De hecho, en su justificación de la norma, el Ministerio menciona varios acontecimientos que en los últimos años han puesto de relieve las vulnerabilidades de las redes. Unos de forma natural, como la erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021 o la dana de octubre de 2024, y otros no naturales, como el apagón eléctrico que sufrió España en abril.

Planes de contingencia

Aunque el texto de la consulta no indica ninguna medida concreta, sí adelanta cuáles serán las líneas maestras que podría seguir esta nueva norma, que está previsto que se apruebe a través de un real decreto.

En primer lugar, indica que la iniciativa podría definir los planes que deben elaborar los "sujetos obligados" con el fin de garantizar la seguridad de las infraestructuras digitales y para la continuidad de los servicios de comunicaciones electrónicas.

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Unos planes que, según detalla el texto sometido a consulta pública, deberán ser generales por operador, así como "específicos por servicios".

Según explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, actualmente las compañías de telecomunicaciones ya tienen planes internos y políticas definidas para situaciones de crisis o incidentes.

Un hombre carga el móvil con una batería solar en Valencia, este lunes, con motivo del apagón de suministro eléctrico. EFE/Biel Aliño

Sin embargo, no hay una normativa que los obligue a elaborar estos planes, que exija medidas concretas o requiera su comunicación a la administración. Un escenario que podría cambiar con este nuevo real decreto.

A este respecto, el Ministerio recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 exige a los operadores "gestionar adecuadamente los riesgos" que puedan afectar a sus redes. Además, establece su "obligación" a garantizar su integridad con el fin de "asegurar la continuidad de los servicios".

Notificaciones

Otro de los focos de la nueva normativa tiene que ver con las notificaciones de los incidentes. Las empresas de telecomunicaciones ya están obligadas a día de hoy a comunicar estas incidencias a la administración.

Así se recoge en una orden ministerial publicada en 2014 que regula las condiciones relativas a la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y que incluye un apartado específico para la notificación de sucesos que conlleven "una importante degradación de la calidad de servicio".

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A este respecto, el texto de la consulta que acaba de lanzar el Ministerio señala que la nueva normativa podría establecer "los plazos y los procedimientos de notificación" para cada uno de los tipos de incidentes de seguridad que se produzcan.

Un último aspecto que prevé abordar el Ministerio en el real decreto es la necesidad de establecer "un mecanismo de colaboración e información" con otras autoridades nacionales, europeas e internacionales.

Con esta consulta pública, que estará abierta hasta el próximo 26 de septiembre, el Ministerio busca recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas que se pueden ver afectados por la futura norma.

En concreto, solicita su valoración sobre los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos que debe perseguir esta norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.