Más de 205 millones de euros. Ese el saldo que acumulan las sanciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto en los últimos meses a la plataforma de reparto a domicilio Glovo. La última se conoció este martes: 56,7 millones de euros por contratar tanto falsos autónomos como inmigrantes sin el correspondiente permiso de trabajo en Madrid. 

Desde la compañía ya han anunciado que recurrirán la propuesta de sanción e inciden en que el periodo al que se refiere el expediente es anterior a la entrada en vigor de la Ley Rider. Una regulación aprobada en 2021 con el objetivo de cambiar la relación laboral que hasta entonces mantenían las plataformas de delivery con sus repartidores y poner fin a la figura de falso autónomo que empleaban muchas de ellas.

Pese a ello, este goteo constante de sanciones pone aprueba la viabilidad del modelo de negocio de Glovo en España. De hecho, los expertos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia señalan que, a nivel empresa, el reto que tiene ahora mismo la compañía por delante es alcanzar la rentabilidad cumpliendo al mismo tiempo la legislación española. 

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De confirmarse las multas impuestas por la Inspección de Trabajo (la compañía ya ha avanzado que las recurrirá), y pese a que Glovo defiende que el modelo laboral "inédito" que aplica actualmente en España es respetuoso con la Ley Rider, los expertos creen que la empresa tendrá que revisar sus políticas de contratación para acercarlas más a las de sus rivales, con el consiguiente aumento de costes que esto puede conllevar.

Cristian Castillo, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, señala que los 205 millones de euros de sanciones propuestas son "un golpe para los accionistas" de Glovo y apunta que la compañía se enfrenta a una redefinición de su modelo que elevará probablemente sus costes operativos y puede acabar afectando a sus márgenes.

Un trabajador de Glovo se refresca en una fuente en Sevilla el pasado 11 de julio. Reuters

Así, remarca que esto obligará a la empresa a demostrar a sus accionistas que puede seguir siendo igual de rentable que ahora en este nuevo contexto laboral que exige la Ley Rider.

No obstante, Castillo cree que, al igual que han hecho sus rivales, debería ser capaz de abordar este cambio y obtener rentabilidad en un mercado en el que existe una creciente demanda.

Impacto negativo

Joaquín Robles, analista de XTB, coincide en que todas esta multas tienen sin duda un "impacto negativo" en las cuentas de Glovo, compañía controlada por Delivery Hero. Según las últimas cuentas publicadas por su matriz alemana, la plataforma española obtuvo unos ingresos de 590,9 millones de euros en 2021, un 64% más que en 2020.

Un buen desempeño que se ha mantenido este 2022. El valor de los pedidos (GMV, por sus siglas en inglés) de Glovo en el tercer trimestre creció un 40% pese al impacto negativo de sus operaciones en Ucrania, que hasta el inicio de la guerra con Rusia era su tercer mercado más importante. 

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Sin embargo, al igual que le ocurre a la mayor parte de las empresas de su sector, este fuerte crecimiento de los ingresos y su potencial de negocio no se están traduciendo necesariamente en beneficios. De hecho, en 2021 Glovo perdió 474,8 millones de euros, 5,7 veces más que los 83,4 millones de euros de 2020. 

Robles explica que a esta problemática sectorial, en el caso de Glovo, se suma todo el impacto que puede tener su conflicto con la Inspección de Trabajo en España. Así, añade que con estas pérdidas no es viable que la empresa siga acumulando sanciones y, aunque no entra en valoraciones legales, cree va a tener que seguir el paso de sus rivales y hacer un mayor esfuerzo por adaptarse a la legislación española. 

Un repartidor de Glovo montándose en su bicicleta. Glovo

Además, añade que esto es más necesario en un entorno como el actual. Por un lado, aunque la demanda sigue elevada, los niveles de crecimiento no son los que se registraron en los peores momentos de la pandemia de Covid-19. Por otro, la subida de los tipos de interés perjudica a compañías en fase de crecimiento como Glovo, presionadas además por unos accionistas que buscan más rentabilidad.  

"El reto que tiene ahora por delante Glovo es ver qué viabilidad tiene cumpliendo con los requistos laborales en España y cómo controlar las pérdidas", resume Robles.

'Ley Rider'

Otro de los aspectos a debate es si el nuevo modelo que puso en marcha Glovo tras la entrada en vigor de la Ley Rider cumple con todo lo exigido por la misma. Así lo asegura la empresa, que sigue trabajando con autónomos en España pero reitera que se ha adaptado al marco regulatorio.

Castillo apunta a que, probablemente, Glovo se haya asegurado con su equipo legal de que así sea, pero cree que su modelo actual podría estar "rozando el límite" de lo permitido por la Ley Rider. "Debe ser la línea tan fina que no sabe si se está o no cumpliendo", agrega. 

En este contexto, defiende que la Ley Rider ha sido una primera piedra a la hora de construir un camino para solucionar los problemas laborales en el sector de las plataformas, pero cree que es necesario mejorarla para evitar que haya estas "lecturas tan diferentes" sobre lo que está permitido o no.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha prometido este martes seguir luchando por que "ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va a quedar al margen de la ley". Y advierte a Glovo de que no se van a dar "solamente estos pasos" y que "espera y desea" que cumpla con la normativa.