La redacción definitiva de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual ha traído una preocupante sorpresa para las compañías de telecomunicaciones: el nuevo modelo de financiación de RTVE, que suprime la tasa que hasta ahora pagan por su actividad como operadores, no entrará en vigor hasta 2023.

El sector había acogido con satisfacción la última propuesta realizada por el Gobierno para la financiación de RTVE, que ponía fin a una tasa que los operadores siempre han calificado de injusta y que consideran ha generado una distorsión en el mercado.

La nueva Ley de Comunicación Audiovisual corrige esta situación, ya que obligará a las nuevas plataformas digitales a contribuir a la financiación de RTVE y cambia la aportación que hacen las operadoras, que a partir de ahora se calculará sólo por los ingresos que genere su negocio audiovisual.

Las operadoras esperaban que está nueva financiación entrara en vigor en cuanto se aprobara en el Congreso la Ley de Comunicación Audiovisual, prevista para este 2022. Sin embargo, el texto que se ha remitido a las Cortes contempla que este modelo no sea efectivo hasta 2023, tal y como se desarrolla en la Disposición final tercera.

La patronal del sector DigitalES ha trasladado la preocupación del sector por este cambio, ya que prorroga hasta 2023 la penalización sobre los grandes operadores y sobre los grupos audiovisuales españoles, y ha pedido al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con las operadoras. 

Compromisos incumplidos

Durante su intervención en el evento 'Spain Digital Day', Carmen Sánchez, directora de Regulación y Políticas Públicas de DigitalES, ha mostrado la "sorpresa" y el "disgusto" del sector por este cambio.

En este sentido, ha remarcado que con esta decisión no se cumplen los compromisos realizados por el Gobierno en la hoja de ruta que presentó a los operadores, especialmente en un momento "muy crítico" para los operadores. 

"La inclusión de esta prórroga supone una variación sustancial respecto a lo acordado en la hoja de ruta anunciada por el Ejecutivo en mayo. Los operadores tenían confianza legítima sobre su aplicación en 2022", incide la asociación en un comunicado. 

Ante esta situación, DigitalES se pone a disposición del Gobierno para trabajar con el fin de encontrar la vía para que en las Cortes se corrija esta situación. Además, también ha iniciado contacto con los grupos políticos en el Congreso y el Senado para ayudar a "desarrollar normas más justas y, por tanto, más adecuadas" para la sostenibilidad económica, la protección del empleo y el bienestar social.

Un riesgo para los despliegues

La patronal indice en que el escenario creado con el nuevo calendario para la modificación de la financiación de RTVE altera la planificación financiera de que habían realizado las compañías de telecomunicaciones y pone en riesgo futuros despliegues de redes en el país.

Así, remarca que el plan de implantación del 5G en España implica un volumen de inversión "muy relevante" en 2021 y 2022, ya que sólo la subasta de espectro ha supuesto ya más de 1.000 millones de euros de inversión, a lo que hay que añadir "planes agresivos" de despliegue en 2022.

"La hoja de ruta 5G anunciada por el Gobierno, cuya medida más relevante era la eliminación de la tasa RTVE ha sido un elemento crucial para poder asegurar un entorno viable para estas inversiones. En este difícil contexto, la continuidad del gravamen en 2022 necesariamente impactará en los planes de inversión previstos el próximo año", incide.

Al mismo tiempo, critica que este plazo ampliado prorroga "una distorsión de la competencia" que ha supuesto durante años una desventaja para los operadores y los servicios audiovisuales ya implantados en España. Así, incide en la necesidad de aplicar "las mismas reglas del juego para todas las empresas de un mismo mercado".

Impacto de la tasa de RTVE

Desde que se aprobara en agosto de 2009 el nuevo modelo de financiación para RTVE que eliminaba la publicidad del ente público, las compañías de telecomunicaciones han estado reclamando su modificación, ya que tributan tanto por los ingresos que registraban como operadores como por las ventas que generaban sus negocios de televisión.

En concreto, las operadoras han estado obligadas a pagar en los últimos años una tasa del 0,9% de los ingresos por su actividad como operador de telecomunicaciones, lo que ha supuesto el desembolso de más de 1.500 millones de euros en más de una década.

El hecho de prorrogar esta tasa un año más tendrá un coste de alrededor de 130 millones de euros para las operadoras, según han trasladado a Europa Press fuentes del sector, que remarcan que las contribuciones de las compañías de telecomunicaciones suponen más del 65% de las aportaciones realizadas a RTVE.