Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, en mayor o menor medida, han levantado la voz en los últimos días para pedir cambios y seguridad jurídica que les permita poder invertir los recursos necesarios para llegar al 100% de cobertura en fibra óptica y el 75% de cobertura real de 5G que se espera tener en el año 2025, según los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.

Las fuentes consultadas indican que estamos hablando de unos recursos que, en el caso del 5G, superan los 5.000 millones solo en el despliegue de antenas y otros 1.170 millones por la subasta del espectro. A ello habría que sumar otros 1.000 millones en despliegue de fibra óptica. En el Plan de Recuperación hay 3.990 millones destinados a la Hoja de ruta 5G.

Hablamos de no menos de 7.000 millones de inversión en los próximos años que, según dicen en privado las operadoras, están "en riesgo" si el Ejecutivo no comienza a modificar ciertos "detalles" legislativos que impiden monetizar estas inversiones.

El problema es que las operadoras están ahogadas. La CNMC publicó hace unas semanas que los ingresos de los servicios minoristas de las operadoras de telecomunicaciones llegaron a 32.211 millones de euros en 2020, lo que supuso un retroceso del 5,3% respecto al año anterior. El retroceso en una década ha sido del 28,5%.

Orange y Vodafone

Un entorno ultracompetitivo alentado por la orden de Bruselas de aumentar los actores en el sector, sumado a una guerra comercial que no tiene fin y a un esfuerzo inversor muy por encima del de otras industrias. Un cóctel explosivo que ha llevado a una situación compleja que impedirá realizar las inversiones necesarias si no se flexibiliza el marco regulatorio.

En meses anteriores, la demanda de las operadoras era continua, pero con la llegada del 5G y la puesta en marcha del Plan España Digital, se ha convertido en un clamor. En su primera intervención pública en España, el CEO de Vodafone España, Colman Deegan, y el CEO de Orange España, Jean Francois Fallacher, fueron muy claros.

Durante su participación en Wake Up!, Spain, los dos CEO indicaron que las operadoras son y serán claves en el futuro de la digitalización y en Plan del Gobierno, pero para ello necesitan un empujón regulatorio que les permita asegurar sus inversiones y dejar de ser un sector deflacionario. Un diagnóstico compartido por Telefónica y MásMóvil.

¿De qué cambios hablamos? Básicamente en el tema impositivo. El sector cree que paga demasiados impuestos y que tiene que abonar demasiadas tasas en diferentes niveles de administraciones (estatal, autonómica y local).

Como apunta el último informe de fiscalidad de Digitales, la patronal de la que todas estas compañías son miembros, existe una elevada presión fiscal en el sector "como consecuencia de las numerosas figuras tributarias por las que se ve afectado en los distintos niveles de la Administración".

Cargas tributarias

Digitales advierte de que esta "significativa carga indirecta" por la gestión tributaria de tal multiplicidad de figuras -que además vienen acompañadas en muchas ocasiones de la realización de trámites administrativos sometidos a plazos- obstaculizan el desarrollo de la actividad y el despliegue de redes.

Y concluyen que, tal multiplicidad de figuras y cargas tributarias e interacción con una pluralidad de Administraciones entre las que no existe homogeneidad, se deriva en una considerable conflictividad con la inseguridad que ello comporta para los operadores del sector.

Por ello, Digitales pide una revisión profunda del marco fiscal del sector de las Telecomunicaciones que permita a los operadores una tributación "adecuada y justa", que además de promover el desarrollo del mercado y el despliegue de redes, "esté alineado con el entorno europeo, reduciendo con ello la brecha competitiva y el nivel de litigiosidad que padece la industria desde que se produjo la liberalización del sector de las telecomunicaciones".

Subasta de 5G

En este sentido, piden la revisión del impuesto de sociedades, el IVA, la tasa de telecomunicaciones, la tasa general de operadores, la tasa de reserva del dominio radioeléctrico, la financiación a la televisión pública y la licitación de espectro, entre otras.

En medio de toda esta polémica, las operadoras siguen quejándose del precio de salida establecido en para la subasta de 5G de 700MHz de casi 1.200 millones de euros, un valor considerado exagerado por las compañías que creen que debe reducirse para fomentar la inversión.

Al respecto, en su última intervención pública, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, indicó en Wake Up!, Spain de EL ESPAÑOL que en unas semanas comenzará la subasta y que en pocos días se conocerá el precio final de la misma.