El Gobierno español ha comenzado un silencioso pero incesante trabajo de acercamiento con las principales empresas tecnológicas extranjeras que operan en España. En particular, a las que tienen sus sedes fuera de la Unión Europea, según ha podido confirmar Invertia. 

Las informaciones recopiladas por este diario indican que en estos encuentros de carácter privado, que se han producido en las últimas semanas y que se seguirán realizando en las siguientes, el Ejecutivo ha intentado transmitir el mensaje de que España es una plaza segura para invertir en infraestructuras digitales.

Esto, en el marco del plan España Digital 2025, proyecto que requerirá una inversión de 140.000 millones de euros en cinco años y de ellos, al menos 50.000 solo del sector privado en los próximos tres años.

En esta línea, el Ejecutivo les ha explicado que la regulación que ultima está en la línea de hacer rentable sus inversiones. El Gobierno ya ha lanzado a audiencia pública la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Audiovisual y espera publicar en breve el primer borrador la Ley de Ciberseguridad.

De hecho, en encuentros con estas tecnológicas extranjeras con intereses en infraestructuras digitales les han asegurado que la futura legislación de ciberseguridad no tendrá veto para ninguna empresa a priori.

Parámetros técnicos

El Gobierno ha transmitido a los representantes de estas empresas que esta futura Ley de Ciberseguridad solo se basará en parámetros técnicos y que marcará el terreno de juego con base en la tool box que la Unión Europea aprobó a comienzos de este año.

Esto significa que ninguna empresa será vetada por su nacionalidad. Por el contrario, quien quiera participar de las redes españolas deberá ajustarse a los parámetros técnicos de seguridad establecidos en este documento. Una normativa que se aplicará al desarrollo de las futuras redes de 5G, de edge computing y de cloud.

El Gobierno español siempre ha defendido esta postura -como ha informado Invertia-, una posición que cobra hora mucho más fuerza con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en sustitución del polémico Donald Trump

Una de las promesas del nuevo presidente de EEUU es volver al multilateralismo y eso implica, en teoría, una relajación de la guerra comercial contra China y, aparentemente, el fin de la campaña de hostigamiento a empresas chinas como Huawei.

En este caso, la Administración Trump pidió expresamente a los países europeos que excluyeran a esta empresa de sus despliegues futuros de redes de telecomunicaciones. Unos encuentros que se produjeron hasta pocas semanas antes de las elecciones de EEUU y que trajeron a estos representantes incluso a España.

Reino Unido y Francia

De momento, países como Reino Unido o Francia han anunciado regulaciones más restrictivas limitando el ingreso a sus infraestructuras críticas (el core) de sus redes 5G solo a empresas europeas. No se vetan directamente a países, pero se limita mucho su ingreso a las redes.

En el caso español -y a falta de que lo confirme la Ley de Ciberseguridad- la idea es tener un ecosistema abierto en el que además se den muchas opciones a las operadoras de telecomunicaciones a la hora de elegir sus proveedores. Ya sean chinos, europeos o estadounidenses. 

El futuro de las redes -incluso de las infraestructuras críticas y las que manejan datos sensibles de los países y sus ciudadanos- pasa por los multi vendor, es decir, varios proveedores colaborando entre sí para desarrollar las redes de las 'telecos'.

Como ya ha contado Invertia, la nueva Ley de Ciberseguridad pasa porque España adapte de manera fiel buena parte de las bases sentadas por Bruselas en enero y que, entre otras cosas, no excluyen explícitamente a ningún operador del despliegue de sus redes.

A diferencia de las redes 4G, la idea es que los proveedores compartan desarrollos y despliegues y que ninguna empresa tenga el control exclusivo de una parte de la red, algo que ya se está haciendo en nuestro país, donde Telefónica, Orange y Vodafone están utilizando varios proveedores. 

Caja de herramientas

España debe adaptar la normativa europea que se consensuó en Bruselas a comienzos de 2020 y sentar las bases legales para un despliegue seguro de las nuevas redes de 5G, así como delimitar el campo de acción de nuevas tecnologías como la Internet de las Cosas (IoT) y de la Inteligencia Artificial (AI), donde la seguridad es el mayor desafío.

La Unión Europea sentó las bases de la ciberseguridad del continente, en especial en el despliegue de las redes de 5G, con una toolbox o caja de herramientas que dio parámetros generales, pero que cada país miembro debe adaptar a su propia realidad.

Desde la UE se recibió un conjunto de aristas regulatorias, consejos prácticos a seguir y certificaciones para compañías fuera del ámbito de la Unión Europea. Y España deberá presentar su adaptación a su realidad con la nueva normativa.