El Mobile World Congress de Barcelona sigue sin cerrar el amargo episodio de su cancelación el pasado mes de febrero de 2020. Un evento que tuvo que ser cancelado después del órdago de las operadoras de telecomunicaciones y la oleada de bajas de empresas que argumentaron falta de seguridad sanitaria por el riesgo de contagio del coronavirus.

Vista la situación con la perspectiva del tiempo la decisión de la GSMA, la organizadora del evento y patronal de las operadoras, fue la más acertada. Tras la cancelación del Mobile a comienzos de febrero se desató la pandemia y obligó a todos los españoles a confinarse en sus hogares para evitar la propagación del virus.

El tiempo dio la razón a la GSMA pero pese a ello están pendientes muchas reclamaciones y la amenaza de solicitud de indemnizaciones sigue latente. Estamos hablando de unos 170 millones de euros que podrían ser reclamados y que generarían la quiebra de la patronal GSMA dejando una herida mortal en las finanzas del Mobile de Barcelona.

En este sentido, la GSMA se agarra al Real Decreto del Gobierno español que esta semana ha sido enviado al Consejo de Estado para su aprobación. El Ejecutivo ha pedido a la Comisión Permanente de este organismo que apruebe antes del 1 de junio el acuerdo mediante el cual España renuncia a pedir indemnizaciones a la GSMA y al Mobile por la cancelación del evento.

Las fuentes consultadas indican que estamos ante un marco legal o "blindaje" que, por un lado, dé soporte a la GSMA ante eventuales demandas, y por otro, allane el camino para que la organización siga recibiendo los cinco millones anuales que el Estado entrega en el marco del patronato Mobile World Capital Barcelona, entidad público-privada que financia parte de la realización de la feria en la Cuidad Condal.

Indemnizaciones

"Se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 1 de junio, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se acuerda transigir con «Groupe Speciale Mobile Association» (GSMA), respecto de las consecuencias derivadas de la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona previsto entre el 24 y el 27 de febrero de 2020", decía la referencia publicada tras el Consejo de Ministros de esta semana.

Lo que viene a pedir al Consejo de Estado es que apruebe el acuerdo entre el Gobierno y la GSMA de no realizar ninguna acción y dar paso al acuerdo de hace unas semanas para prorrogar un año más la feria. Se evitaría también una oleada de indemnizaciones. Por el contrario, si el Consejo de Estado estima que se deben pedir indemnizaciones, la situación de la GSMA sería muy compleja. 

Este periódico informó de que solo los participantes -principalmente fabricantes- podrían exigir indemnizaciones por encima de los 170 millones de euros por el coste de los espacios contratados y la logística del evento. De esa cifra, cerca de 120 millones de euros proceden del alquiler de los espacios. La exhibición tenía previsto poner en marcha 120.000 metros cuadrados que se alquilan a una media de 1.000 euros. 

A esa cantidad hay que sumarle otros 56 millones de euros en la devolución de las entradas. Según la GSMA, había vendidos unos 70.000 tickets que, en su precio más bajo, se compran por 800 euros. Una cifra que se completa con el coste del diseño del stand y su fabricación, las azafatas, los hoteles y billetes de avión o transfers que pudieran estar ya contratados y que tienen una penalización en caso de cancelación.

Frente a esta situación, a finales de febrero del año pasado las principales telecos europeas movieron ficha y se lanzaron a convencer a los fabricantes y tecnológicas -con las que tienen muy buena relación- para que desistan de realizar cualquier acción legal contra la GSMA exigiendo indemnizaciones.

Renovación del MWC

Es por ello que este apoyo gubernamental despejaría definitivamente el terreno para comenzar a negociar las próximas renovaciones. El pasado 15 de abril el Mobile World Congress (MWC), confirmó su presencia en Barcelona hasta el año 2024, un año más de lo inicialmente previsto, para compensar la anulación del evento de este año a causa del coronavirus.

Así lo acordaron la asociación GSMA, organizadora del MWC, y el Gobierno, la Generalitat, la Fira de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat. Pese a ello, sigue en el aire una renovación a largo plazo que se esperaba para la edición de este año.

Habitualmente se suele negociar una renovación por cinco años, tres cursos antes de la finalización del contrato en vigor, pero tras el lío de 2020 todo tipo de negociaciones se han frenado. Es por ello, que la aprobación del acuerdo con el Gobierno de España en manos del Consejo de Estado, sería un importante paso para comenzar a negociar esta renovación.