El Gobierno de España ha comunicado a la Comisión Europea el aplazamiento de las fases pendientes del segundo dividendo digital debido a la "situación de excepcionalidad que se vive como consecuencia del Covid-19".

En la práctica esto significa que España frena el desarrollo de la tecnología 5G de velocidad móvil ultrarrápida hasta nuevo aviso, con la promesa de poner todos los procedimientos en marcha una vez que la situación económica y social vuelva a la normalidad.

De esta manera, la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Agenda Digital ha confirmado que las frecuencias del espectro televisivo no estarán disponibles para las operadoras de telecomunicaciones el 30 de junio como estaba previsto y, por tanto, no se podrá realizar la subasta del espectro de 700 MHz en mayo como estaba planificado.

Pese a que el plazo de Bruselas para la liberación del espectro no se cumplirá, España no debería recibir ninguna sanción porque la normativa ya preveía la posibilidad de que se pudiera aplazar la fecha límite "por ciertos motivos como la fuerza mayor", como es el caso actual.

Subasta de mayo

En la comunicación a la Comisión Europea se explica que la nueva fecha se determinará en función de cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al Covid-19. En todo caso, indican que "será el mínimo plazo imprescindible para completar el proceso".

El Gobierno indica que la suspensión de la subasta -en la que los operadoras debían invertir unos 1.000 millones de euros en mayo- también es una ayuda para los operadores (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil) que están realizando "un esfuerzo adicional para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19 y mantener a las personas y las empresas conectadas",

El aplazamiento de las licitaciones de bandas de frecuencias para servicios 5G es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la Unión Europea, como Francia, Austria y Portugal. Reino Unido también ha suspendido su subasta hasta nuevo aviso.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos insisten en recordar que la decisión del aplazamiento "no es una suspensión" y que se toma después de constatar que las medidas de restricción de la movilidad "inevitablemente" están ocasionando retrasos en la planificación original que impiden finalizar el proceso antes del 30 de junio.