Jazztel devuelve 150 euros a una usuaria por el cobro ilegítimo de una penalización

La autoridad que ejerce las competencias en telecomunicaciones del Gobierno ha tardado cuatro años en resolver la denuncia de una usuaria contra Jazztel por un importe de 150 euros que tuvo que abonar por el incumplimiento de una permanencia que realmente había vencido, según ha denunciado Facua este viernes.

Tras las actuaciones de Facua-Consumidores en Acción desde 2015 y la intervención del Defensor del Pueblo, la secretaría de Estado para el Avance Digital ha estimado las pretensiones de la usuaria y ha reconocido el carácter ilegítimo del cobro de la penalización, por lo que Jazztel -propiedad de Orange- ha terminado devolviendo los 150 euros a la usuaria Saladina S.G.

Saladina S. G., residente en Vizcaya, decidió realizar una portabilidad de su línea telefónica el 18 de febrero de 2014 de Jazztel a otra compañía, pero la operadora le cobró 150 euros por el incumplimiento del compromiso de permanencia, pese a que el contrato establecía que era de doce meses y Saladina se dio de alta en Jazztel el 1 de febrero de 2013, por lo que ya había vencido.

Después de que la usuaria acudiera a Facua para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos, la asociación de consumidores reclamó a Jazztel la devolución de los 150 euros, con la consiguiente negativa de la operadora, tras lo que la asociación se dirigió a la secretaria de Estado de las Telecomunicaciónes y para la Sociedad de la Información (Setsi) -actualmente extinta- en enero de 2015 para que instara a Jazztel a devolver el dinero, aunque también rechazó la reclamación.

La asociación decidió recurrir la resolución, aunque la Setsi nunca dio respuesta a este recurso, hasta que finalmente, en junio de 2018, el equipo jurídico de Facua acudió al Defensor del Pueblo del País Vasco (Ararteko) para presentar una queja contra la secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, que había adquirido las competencias de la antigua Setsi. Ararteko remitió la queja al Defensor del Pueblo estatal, que se dirigió al organismo solicitando una resolución definitiva del recurso.