El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria.
Consumo expedienta a un gran portal inmobiliario en pleno pulso con el Gobierno por las exigencias de los decretos
Es el primer proceso sancionador por prácticas desleales atribuidas directamente a una plataforma.
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En pleno pulso entre el Gobierno y los grandes portales inmobiliarios, Consumo da un paso más.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran plataforma que opera en toda España por posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores.
La actuación llega tras las nuevas obligaciones impuestas a estas plataformas en los últimos decretos de vivienda.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha desvelado el nombre del portal expedientado. Sin embargo, la investigación parte de una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), según señala la organización, contra Idealista, Fotocasa y Alquiler Seguro tras detectar irregularidades en la inclusión de la etiqueta energética obligatoria.
El proceso puede acabar en una sanción importante. Las prácticas comerciales desleales pueden ser consideradas una infracción grave. La multa puede alcanzar los 100.000 euros o situarse entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Además, es la primera vez que Consumo abre un expediente de este tipo por una actuación atribuida directamente a una plataforma inmobiliaria.
En anteriores ocasiones, las investigaciones se centraron en la información que los propietarios incluían en sus anuncios.
![Santona Corner en Miami.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11370296.jpg?p=w:320\/h:240&h=dYbVEEgA"])
Según la investigación de CECU, de los 450 anuncios analizados en 2024, el 33,8% no incluía la etiqueta energética y el 74,2% presentaba posibles irregularidades en su presentación. En una actualización realizada en abril de 2026, estos porcentajes se redujeron al 20% y al 61,3%, respectivamente.
CECU recuerda que el Real Decreto 390/2021 obliga a incluir esta información en cualquier oferta, promoción y publicidad de venta o alquiler de viviendas y establece que las empresas intermediarias, como inmobiliarias y portales de anuncios, también son responsables de cumplir esta obligación.
Portales bajo la lupa
El expediente coincide con la nueva ofensiva regulatoria del Gobierno sobre el mercado del alquiler.
Uno de los decretos de vivienda aprobados de nuevo esta semana, tras su rechazo en el Congreso, incorpora nuevas exigencias para la publicidad de los pisos y obliga a incluir más información en los anuncios de alquiler.
Consumo enviará una circular a los grandes portales para explicarles estas obligaciones. Después vigilará su cumplimiento.
El objetivo declarado por el Ministerio es que los inquilinos tengan más información antes de interesarse por una vivienda.
![Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda durante la tramitación en la Cortes de los decretos de vivienda la pasada semana.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11371642.jpg?p=w:320\/h:240&h=cYr_-_IU"])
Uno de los principales cambios está en el artículo 20 del decreto. Este obliga a incluir, como mínimo, el índice de referencia del precio del alquiler. También deberá aparecer la renta del último contrato de vivienda habitual vigente durante los cinco años anteriores cuando corresponda.
La medida no queda limitada a las zonas tensionadas. Estas obligaciones se aplicarán a los anuncios de viviendas de cualquier punto de España.
Así, quien busque una casa podrá comparar el precio anunciado con el índice de referencia y conocer el importe del anterior contrato en los casos previstos.
Además, el control será mayor en las zonas donde existe un límite legal a las rentas. Los anuncios deberán indicar también el precio máximo aplicable. Además, tendrán que informar de si el casero es un gran tenedor.
Otras actuaciones
Este nuevo expediente se suma a otras actuaciones que Consumo ha llevado a cabo en el mercado inmobiliario a lo largo de este año.
En mayo, el Ministerio inició otro contra una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas en España. En ese caso detectó cuatro posibles infracciones. Entre ellas estaban el cobro al inquilino de un seguro de impago y una penalización considerada desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda.
También actuó contra Alquiler Seguro. En abril ratificó una multa de 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra sus inquilinos.
La resolución atribuyó a la inmobiliaria seis infracciones muy graves y una grave. La decisión agotó la vía administrativa tras el recurso presentado por la compañía.
