Sara Aagesen.

Sara Aagesen. Invertia

Observatorio de la Energía

El Gobierno publicará este jueves la orden para la primera subasta de capacidad para baterías y centrales de gas

Se desconoce todavía cuánta capacidad se va a subastar.

Transición Ecológica publicará en el BOE la orden ministerial.

Más información: La prórroga de Almaraz hasta 2030 cambia la necesidad de la retribución de las baterías: las subastas se retrasan o reajustan

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Las claves
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El Gobierno publicará este jueves la orden ministerial para activar la primera subasta de capacidad para baterías y centrales de gas.

El nuevo mercado de capacidad busca reforzar la seguridad de suministro y fomentar la inversión en almacenamiento y gestión de la demanda.

Se celebrarán tres tipos de subastas: principal, de ajuste anual y transitoria, con diferentes requisitos y duraciones de prestación del servicio.

La financiación del sistema recaerá sobre los consumidores y comercializadoras, incentivando el consumo en horarios menos críticos para el sistema eléctrico.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados la publicación en el BOE de una orden ministerial para activar las subastas de capacidad este jueves, 17 de septiembre.

Se creará un mercado en el sistema eléctrico español, “un instrumento que hará nuestro sistema eléctrico más robusto y resiliente”, según sus palabras.

Este nuevo mercado preservará la seguridad de suministro, ofreciendo a la par señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono.

El mercado de capacidad nace tras un trabajo del MITECO con la Unión Europea, que incluye la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición de temporal de este tipo de mecanismos –logrado durante la Presidencia Española de la UE–.

También con la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo.

En la UE se ha incrementado el número de estados (Italia, Francia, Bélgica…) que están desarrollando este tipo de mecanismos. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea, este mismo mes de septiembre.

Reducir el consumo

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular.

Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del operador del sistema.

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema pay-as-bid).

Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada.

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Tres tipos de subastas

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

Primero habrá una subasta principal. Podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación.

De este modo se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación.

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología.

Con carácter general, se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza, y la duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas.

Después también se convocará a una subasta de ajuste anual. Sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses, a contar a partir de una fecha definida en la convocatoria, dentro de los siguientes 12 meses desde la adjudicación.

Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Y por último, habrá una subasta transitoria. Garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal.

Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

Eficiencia

La financiación del nuevo mercado de capacidad corresponde a la comercialización de electricidad y a los consumidores directos en mercado, por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución.

De este modo, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos que se produzcan en las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema.

Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.

El operador del sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.