Proyecto de centro de datos en Extremadura.

Proyecto de centro de datos en Extremadura. Europapress

Observatorio de la Energía

Los centros de datos, amenazados por el Gobierno: "ahoga el futuro del sector y significa pérdidas millonarias"

Les obligan a tener renovables en un país "donde ya empiezan a sobrar".

"Matan a una industria de futuro antes de que nazca".

Más información: El Gobierno exigirá que el 80% del consumo energético de los centros de datos sea de generación renovable

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Las claves

Las claves

El Gobierno ha presentado un borrador de Real Decreto que exige a los centros de datos cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, acreditado hora a hora.

El sector advierte que la normativa podría provocar la huida de inversiones tecnológicas y pérdidas millonarias, afectando gravemente su desarrollo en España.

Las empresas critican que España copia modelos de Irlanda y Países Bajos, donde el peso de los centros de datos en el consumo eléctrico es mucho mayor que en España.

El borrador impone a los proyectos en tramitación solo seis meses para adaptarse a las nuevas exigencias, generando preocupación por los costos y la competitividad del sector.

El borrador del Real Decreto (ya en audiencia pública) para regular la instalación de centros de datos en nuestro país, aprobado esta semana por el Gobierno y elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha abierto la caja de los truenos en esta industria.

Aunque el objetivo es poner orden al masivo desembarco de las tecnológicas que se espera en España, el sector considera que puede terminar convirtiéndose en la desaparición de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en los próximos años.

Las empresas critican especialmente la obligación de respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo eléctrico, con acreditación hora a hora, y advierten de que las exigencias pueden provocar pérdidas millonarias y frenar la llegada de grandes inversiones tecnológicas.

El texto incluye requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital y se aplicará a los centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.

El texto establece que, mientras la generación renovable no supere el 90% del mix eléctrico, deberán acreditar que al menos el 80% de su consumo está cubierto por energía renovable.

Además, introduce criterios de adicionalidad: cada nuevo megavatio de demanda deberá estar acompañado por nueva capacidad renovable instalada en los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro.

"Es un despropósito la propuesta que han hecho desde el Gobierno. Te obligan a hacer más renovables cuando se está viendo que hay exceso en determinadas horas con el curtailment (vertidos), no tiene ningún sentido", lamentan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Exceso de renovables

La obligación no se limita a disponer de contratos de energía verde. El borrador exige también correlación horaria, de manera que el 80% de la electricidad consumida debe quedar respaldada, hora a hora, por generación renovable.

El suministro podrá realizarse mediante autoconsumo o contratos a plazo, como los PPA. El incumplimiento llevará aparejados recargos sobre cargos y peajes y, en los casos más graves y reiterados, puede terminar incluso con la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red.

Es precisamente este punto el que más preocupa a los operadores.

A juicio de las fuentes consultadas por este diario, España está entrando en una situación paradójica: dispone de una enorme capacidad renovable, pero en determinadas horas la generación supera la demanda y obliga a desconectar instalaciones.

Y al mismo tiempo se pretende exigir a los nuevos consumidores eléctricos que construyan todavía más generación.

"A nivel de infraestructuras e instalaciones, España es muy superior a los países que nos están llevando la delantera en instalación de 'data centers', pero con esta estricta regulación se lo estamos poniendo difícil y finalmente se irán a otros países y perderemos una oportunidad de oro", advierten.

El caso de Irlanda y Holanda

Las empresas también cuestionan que España esté copiando modelos regulatorios de países como Irlanda o Países Bajos sin tener en cuenta la diferente dimensión de esta industria.

"El Gobierno está copiando el modelo de Irlanda y Holanda, pero la diferencia es que en estos países los centros de datos representan alrededor del 30% del consumo eléctrico y en España es apenas del 0,8%", remarcan.

El propio Gobierno justifica la regulación por el fuerte crecimiento de las solicitudes: desde 2020 se han concedido alrededor de 6 GW de capacidad de acceso en distribución y más de 6 GW en transporte, mientras que la Estrategia de Inteligencia Artificial prevé entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica para 2030.

Irlanda se convirtió hace ya unos años en uno de los grandes polos europeos de centros de datos gracias a una combinación muy difícil de replicar: una política muy favorable a la inversión extranjera, un potente ecosistema tecnológico y fiscalidad competitiva, especialmente para las multinacionales estadounidenses.

Y Países Bajos, y especialmente en Ámsterdam, la ventaja estuvo en su posición geográfica y de conectividad.

El país es uno de los grandes nodos de Internet europeo, con una extraordinaria concentración de cables, redes de fibra, puntos de intercambio de Internet y conexiones con los principales mercados del continente.

Pérdidas millonarias

El sector teme además por los proyectos que ya están en marcha.

"No se puede aplicar con efecto retroactivo o supondrá una catástrofe económica para aquellos proyectos que ya tienen en tramitación un punto de acceso y conexión a la red o que ya lo tienen concedido", advierten.

El borrador contempla precisamente que los proyectos en tramitación dispongan de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos —tres meses si están pendientes de un concurso de acceso— o renunciar a sus derechos de acceso y conexión sin ejecutar las garantías.

La preocupación se extiende a los costes de adaptación, posibles sanciones y a la capacidad de España para competir por las inversiones de las grandes tecnológicas.

"Es el fin del sector con pérdidas millonarias", resumen estas fuentes, que alertan de que una regulación excesivamente exigente puede provocar "la huida de las grandes tecnológicas de nuestro país, cuando aún ni siquiera estaban asentadas".

El malestar aumenta por la forma en que, según el sector, se ha producido el proceso. "El Gobierno nos llamó el día anterior a aprobar el Real Decreto en Consejo de Ministros para convocarnos a una reunión a posteriori", aseguran.

Desde el Gobierno defienden que no se trata de una moratoria, sino de establecer unas reglas para seleccionar los proyectos que aporten mayor valor económico y social y menor impacto energético, hídrico y territorial.

"España es más competitiva energéticamente que otros países, como Irlanda y Holanda, porque tenemos renovables, pero tienen que ser rentables, tanto las renovables como los centros de datos", señalan.

Porque, detrás de la batalla regulatoria, hay una carrera por atraer una infraestructura que consideran estratégica. "El mayor índice de desarrollo de una región en este siglo y el que viene va a ser el número de centros de datos que albergue", aseguran.

Y lanzan una última advertencia: "Si no tenemos esta infraestructura como país nos va a pasar como hace dos siglos a aquellos países que no tenían ferrocarril, nos quedamos rezagados".

"¿Qué quiere este Gobierno? ¿Ser los abanderados de matar una industria antes de que nazca?", se preguntan desde el sector.

La respuesta dependerá ahora de cómo evolucione el borrador y de hasta dónde esté dispuesto el Ejecutivo a flexibilizar unas condiciones que, para sus potenciales destinatarios, pueden determinar si España se convierte en un gran polo europeo de centros de datos o pierde esa oportunidad antes de haberla aprovechado.