Los perjudicados por el apagón afrontan entre cinco y doce años de calvario judicial para lograr alguna indemnización

Esa es la estimación que se han hecho ya las principales compañías energéticas expedientadas y la previsión que tienen en alguno de los despachos de derecho de los negocios que van a estar en la refriega, ya sea en la parte de los acusados como en la de los damnificados.

Hace ahora un año que el cero total dejó a grandes empresas industriales, comercios, transportes, hogares y todo tipo de actividades paralizadas. Las primeras estimaciones apuntan a que los procesos posteriores para reclamar daños y perjuicios, una vez que se determine a los culpables, pueden suponer un reguero de hasta 4.000 millones de euros al final del proceso.

Cani Fernández asegura que nunca hubo un vacío normativo que pudiera afectar al apagón

Por lo pronto se han abierto 55 expedientes antes del 28 de abril, fecha en la que se cumplirá un año del siniestro. Incluso es muy posible que se publiquen más antes de llegar a ese día. Todos ellos son susceptibles de generar una sanción administrativa. Eso permitiría que fueran usados, al menos, como antecedente o prueba ante los tribunales civiles que atiendan demandas por el apagón.

Sólo dos de ellos, por el momento, suponen una falta muy grave. Red Eléctrica (Redeia), como responsable de la operación de todo el sistema; y las centrales nucleares de Almaraz y Trillo (expediente doble), a quienes se achaca la "reducción de producción o suministro sin autorización" y un "incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".

Las eléctricas vuelven a hablar del apagón en el Congreso y siguen apuntando a Redeia como única responsable

Fuentes empresariales no descartan que haya algún otro caso más de falta muy grave. En caso de confirmarse los hechos de los que les acusan, sus eléctricas propietarias afrontarían una sanción de entre 6 y 60 millones de euros. Pero lo peor no es eso: también se convertirían en la diana de los cientos de procesos posteriores que buscan su indemnización.

Pero hay que ir por pasos. De entrada, ahora se inicia un plazo de instrucción de cada expediente por parte de la CNMC de entre nueve y 18 meses, que determinará a quienes se considere culpables o causantes, en el grado que se considere, del apagón.

Fuentes jurídicas conocedoras de ese proceso advierten que ese será el periplo más complicado de todos. La propia CNMC sostiene que el origen fue multifactorial, lo que da a entender que ni siquiera sus propios técnicos tienen claro cómo determinar los niveles de culpabilidad de cada caso.

Tanto Redeia, controlada en un 20% por el Estado, como las grandes eléctricas, tienen grandes departamentos jurídicos y han contratado a los mejores despachos de abogados para defender su postura. Se centrarán sobre todo en que el día del apagón cumplieron con lo que se les encargó y planificó.

Beatriz Corredor, contra las cuerdas: la CNMC expedienta por falta "muy grave" a REE por operar mal la red en el apagón

Redeia siempre ha defendido que la planificación era suficiente para un día de baja demanda como ese. Pero los últimos audios publicados sobre el temor a una caída entre sus técnicos y los de las eléctricas, han debilitado esa postura en las últimas semanas.

Frente a ellos, la CNMC busca demostrar que había un "riesgo conocido" entre los operadores del sector, ya fueran de Redeia o de las compañías, que se remontaba a meses antes del siniestro.

De hecho, la investigación de la CNMC abarca los dos años de prescripción que le marca la ley para obtener datos. Y ha insistido en todas sus comunicaciones en que no se puede circunscribir el caso a lo ocurrido sólo el 28 de abril del año pasado.

La demostración jurídica de que había una práctica habitual de saltarse la regulación establecida como garantía y procedimiento para evitar grandes oscilaciones en el sistema, va a ser clave en las disquisiciones del próximo año y medio entre unos y otros.

Alargar el proceso

Incluso cuando de los expedientes de la CNMC se pueda discernir quién pudo causar el apagón y en qué grado de culpabilidad (ya a finales del año que viene), a los acusados en vía administrativa les cabe recursos a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Las decisiones y sanciones de la CNMC se pueden recurrir en primera instancia en la Audiencia Nacional. Y si ese paso falla, se puede llegar al Tribunal Supremo.

Eso pone el calvario jurídico de los afectados que no hayan llegado a acuerdos extrajudiciales y que persistan en su indemnización, a una espera que puede estar entre los cuatro y los cinco años desde que se les fue la luz.

De forma paralela a ese periplo se habrán ido instrumentando las posibles demandas en los juzgados civiles. Pasamos del derecho público (administrativo) al privado. Y aquí hay incluso más instancias a las que recurrir cualquier sentencia para alargar el pago de la indemnización que se reclame.

En este tipo de procesos civiles van a jugar un papel importante las compañías de seguros y reaseguros, que tenían contratados este tipo de riesgos por fuerza mayor con sus asegurados. La mayor parte de ellas ya están trabajando con los despachos de derecho de los negocios especializados.

El Senado declara como "responsables" del apagón al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC

En un proceso normal y bien contratado, la aseguradora pagará a su cliente el daño sufrido, pero se subrogará a la demanda que éste ponga contra quien le retiró el suministro. El objetivo es recuperar su dinero, en todo o en parte, de quienes se considere que fueron los culpables.

Los jueces de lo civil buscarán a esos culpables en los expedientes administrativos que, aunque ahora están todavía por instruir, para entonces ya tendrán más de una década de antigüedad y habrán sido esgrimidos en cientos de procesos similares.

Alberto Palomar, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III estima que es difícil que las dos instancias que lleva la resolución en el proceso contencioso administrativo sea complicado de sustanciarse en menos de tres años. "Por otro lado, las impugnaciones en el ámbito civil pueden llegar a tener tres instancias lo que generaría una expectativa temporal de tres o cuatro años", explica.

A eso se le añade un escenario muy complejo a la hora de determinar la identificación y el ámbito de participación de cada uno de los implicados. En el proceso contencioso preliminar va a ser complicado demostrar que hay una responsabilidad contractual generada por los expedientes.

La complicación viene porque no estamos ante un proceso normal, donde se determina una causa general y abstracta del proceso para identificar a los responsables. El procedimiento es al revés: primero buscar algunos de los responsables dentro del marco general de la responsabilidad, lo que "nos sitúa en un marco incierto y, desde luego, muy largo", asegura Palomar.