Cani Fernández asegura que nunca hubo un vacío normativo que pudiera afectar al apagón

La responsable de la institución ha querido salir al paso de las críticas que se han lanzado por los cuatro años y medio que se ha tardado en aprobar el procedimiento operativo 7.4, que es el que permite estabilizar la energía que generan las renovables.

Esa nueva regulación concreta se inició en 2020, a petición de Red Eléctrica y la primera propuesta se hizo en 2021. Desde entonces nunca se pararon los trabajos, pero ya entonces se advirtió que la tramitación “no sería inmediata”, por los requerimientos técnicos y de control de tensión que suponía.

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Cani Fernández ha asegurado que REE siempre ha estado al tanto de los avances que se realizaron, desde el proyecto piloto de 2022 hasta la consulta pública de 2024. Estaba prevista su aprobación entre abril y mayo del año pasado, y se puso en marcha en junio.

La presidenta inició su intervención en la Comisión de Economía con un repaso de todas las actuaciones llevadas a cabo sobre el apagón. Desde el informe de recomendaciones que se hizo hace apenas un mes, hasta el que ha lanzado la patronal europea Entso-e y los últimos expedientes sancionadores.

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Esos tres hitos vienen a confirmar que “el incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”.

Desde el punto de vista regulatorio, Cani Fernández ha recordado que sus equipos se mantienen en alerta por los cambios y las nuevas herramientas que cada día salen en el sector.

De hecho, ha creado un grupo técnico de trabajo con las empresas del sector del que salen iniciativas de renovación técnica, algunas a punto de ser aprobadas.

La responsable del supervisor y regulador no profundizó más en los expedientes sancionadores en marcha, por entender que están en periodo de instrucción y pendientes de recibir las correspondientes alegaciones de las entidades afectadas.

Aun así, recordó que no todo este tipo de investigaciones abiertas por la CNMC terminan en sanciones administrativas. Puede haber expedientes con cierres convencionales, en los que se archiva la causa por entender que no ha habido ninguna actuación irregular.

A modo de despedida

Durante casi una hora y media de discurso, Cani Fernández ha aprovechado la que puede ser su última comparecencia en el Congreso (su mandato vence el 30 de junio) para hacer un exhaustivo repaso de todo lo hecho en estos seis años de mandato.

A pesar de reconocer que la institución no es una autoridad de consumo, la presidenta ha destacado cómo todo lo que se ha desarrollado en control de la competencia ha redundado en la mejora de los servicios a los ciudadanos.

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Se ha aplicado una vigilancia estricta de los mercados que se han ido digitalizando, para garantizar que no se producían abusos. Y se ha controlado la liberalización de seis sectores, desde la banda ancha y el audiovisual hasta el negocio ferroviario.

Y en el campo de la transición energética, se ha entrado con tres palancas: control de las redes y su retribución, regulación del acceso y apertura a nuevos servicios de almacenamiento y renovables.

Cani Fernández ha admitido que muchas de sus sanciones se han paralizado en instancias superiores, pero ha advertido que sólo de forma temporal en la mayor parte de los casos.

Es más, ha recordado la validez de sus actuaciones para fundamentar después otras demandas por daños y perjuicios en los tribunales que redundan en protección y beneficio de los ciudadanos. Y no sólo en el caso de los expedientes del apagón.