Bruselas investiga las ayudas públicas de Francia a seis nuevos reactores nucleares que costarán 72.800 millones

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este martes una investigación en profundidad para determinar si las ayudas públicas que Francia planea conceder a la construcción y operación de seis nuevos reactores nucleares -con un coste estimado de 72.800 millones- cumplen con las normas de la UE.

Aunque Bruselas reconoce que el proyecto es "necesario" y contribuye a la seguridad de suministro y la lucha contra el cambio climático, también le preocupa que el plan de apoyo suponga una "transferencia excesiva" de riesgos al Estado y que sirva para "consolidar o reforzar indirectamente el poder de mercado" del gigante energético EDF.

Los reactores se construirán de dos en dos en los emplazamientos nucleares ya existentes de Penly, Gravelines y Bugey, con una capacidad total de 9.990 megavatios. Se prevé que entren en funcionamiento entre 2038 y 2044 y que cada unidad tenga una vida útil de 60 años.

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El Gobierno de Emmanuel Macron pretende respaldar el proyecto con tres medidas: un préstamo subvencionado que cubra el 60% del coste; un contrato por diferencias de 40 años para garantizar ingresos estables a las plantas; y un mecanismo de reparto de riesgos que proteja a EDF frente a desastres imprevisibles o cambios en la legislación nacional.

El beneficiario de la ayuda es Électricité de France S.A. (EDF), propietario y operador de toda la flota nuclear francesa. Se creará un vehículo específico (Special Purpose Vehicle) propiedad total de EDF para llevar a cabo el proyecto.

Según los Tratados de la UE, los Estados miembros son libres de determinar su cesta energética. Francia ha optado por promover la energía nuclear como parte de su política energética nacional.

Tras su evaluación preliminar, el Ejecutivo comunitario considera el proyecto "necesario" y afirma que la ayuda pública "facilita el desarrollo de una actividad económica". Además, reconoce su potencial para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y avanzar en los objetivos de descarbonización.

Pese a ello, Bruselas revisará ahora si el plan de ayudas es adecuado y se limita a lo estrictamente necesario. "La Comisión tiene dudas de si el paquete logra un equilibrio adecuado entre reducir riesgos para facilitar la inversión y mantener incentivos para un comportamiento eficiente, sin que se produzca una transferencia de riesgos excesiva al Estado".

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En segundo lugar, el Ejecutivo comunitario analizará el impacto de las subvenciones sobre la competencia. "En particular, la Comisión teme que la ayuda pueda consolidar o reforzar indirectamente el poder de mercado de EDF. También evaluará si existen salvaguardas para evitar que la estrategia comercial de EDF genere distorsiones en el mercado o que la ayuda acabe beneficiando a participantes concretos".

Finalmente, la investigación pretende verificar si el plan nuclear de Francia respeta el resto de la legislación comunitaria, en particular el reglamento sobre el mercado eléctrico.

La apertura de una investigación en profundidad sobre ayudas estatales es un paso habitual cuando se trata de paquetes de ayudas complejos, como en este caso. Permitirá a Francia y a terceros interesados presentar sus comentarios, y no prejuzga el resultado.

Aunque no hay plazos para finalizar la evaluación, Bruselas ha dicho este martes que pretende llevarla a cabo "lo más rápido posible" y es consciente del objetivo de París de que la conclusión esté lista para finales de año.