Fotomontaje de Yolanda Díaz,  vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, con un fondo que representa el conflicto en Oriente Próximo.

Fotomontaje de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, con un fondo que representa el conflicto en Oriente Próximo. Invertia

Observatorio de la Energía

El sector energético exige al Gobierno rebajas fiscales en gas y carburantes y no el 'tope' de precios que dice Yolanda Díaz

Petroleras, gasistas y eléctricas coinciden en las medidas para abaratar el precio energético: bajar impuestos como el 7% a la generación.

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Las claves

El sector energético español demanda al Gobierno rebajas fiscales en gas y carburantes, en lugar de topes de precios como propone la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Las empresas energéticas critican la alta presión fiscal sobre la electricidad, que consideran penalizadora pese a que más del 75% de la electricidad española es descarbonizada.

Actualmente, la electricidad en España soporta varios impuestos, incluido un 7% sobre la producción, y el país es el único de la UE con un impuesto específico a la generación eléctrica.

Las patronales rechazan la bonificación universal de 20 céntimos para combustibles y piden rebajas fiscales, ya que casi la mitad del precio del carburante corresponde a impuestos.

El miedo a una crisis energética como la ocurrida en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania está empujando a estudiar medidas de lo más variopintas, como 'topar' el precio del gas o el del petróleo.

En España, todavía no se sabe qué se va a hacer. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que sigue preparando su paquete de medidas para aliviar el impacto económico de la guerra de Irán en las empresas y en los bolsillos de los españoles y podría incluir medidas fiscales para contener el precio de la electricidad. Pero la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, piensa que todavía es pronto para tomar medidas.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya se ha adelantado y ha sugerido que entre los mecanismos del Gobierno estaría el "controlar el precio de la energía" o bonificar el precio del combustible 20 céntimos como ocurrió hace cuatro años.

Un anuncio que ha chocado a petroleras, gasistas y eléctricas que proponen la misma solución de los últimos cuatro años: rebajar la alta presión fiscal que soportan y que al final termina trasladándose a los consumidores finales.

"Resulta imprescindible reducir la carga fiscal que soporta la electricidad, eliminando impuestos que penalizan precisamente al vector energético que debe ganar peso en la economía si España quiere depender menos del gas y del petróleo", ha dicho la asociación APPA Renovables en un comunicado.

“No tiene sentido que penalicemos de esta forma la electricidad, contabilizando el 55% renovable y el 20% nuclear, más del 75% de la electricidad es descarbonizada y no depende de importaciones, es un vector fundamental para la seguridad energética”, ha recalcado José María González Moya, director general de la asociación.

“No tiene sentido reclamar seguridad energética y, al mismo tiempo, mantener barreras fiscales a la electricidad, avanzar con lentitud en almacenamiento o renunciar al potencial del biogás, el biometano y los biocarburantes. La seguridad energética del país se refuerza con más renovables, no perpetuando y acentuando nuestra dependencia exterior”, añaden.

7% sobre la electricidad

Hoy la generación eléctrica en España soporta principalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% sobre los ingresos de venta, además de otros tributos especiales, IVA y tasas autonómicas que gravan el suministro eléctrico en su conjunto.

Afecta a toda la generación (convencional y renovable) y se repercute en las ofertas al mercado mayorista, de modo que encarece el precio del pool.

Este impuesto estuvo suspendido temporalmente como medida anticrisis energética en 2021, pero hoy está plenamente vigente y convierte a España en el único país de la UE con un impuesto específico a la generación eléctrica.

Otros tributos vinculados a la electricidad son el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), con tipo general en torno al 5,11% sobre la base imponible del suministro (estuvo reducido al 0,5% durante 2021, o el IVA, que desde 2026 vuelve a tributar al 21%.

También hay cánones y tasas autonómicas, como los cánones hidráulicos, las tasas ambientales o de utilización de dominio público, que pueden gravar instalaciones de generación (especialmente hidroeléctricas) y que se suman a la presión fiscal global sobre el kWh producido.

Y en el caso de la energía nuclear, además se añade la Tasa Enresa, que grava cada MWh nuclear para financiar la gestión de residuos y el desmantelamiento y el Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, considerado redundante por el sector porque la gestión ya se cubre vía Tasa Enresa.

Impuesto sobre los hidrocarburos

En el caso de los combustibles, el sector no entiende la rebaja de los 20 céntimos generalizados a todos los conductores, sean transportistas u hogares.

"Tendría más sentido rebajar la alta fiscalidad, porque casi la mitad del precio, alrededor del 44%, que marca el surtidor del carburante son impuestos", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

"La bonificación universal de 20 céntimos benefició más a rentas altas y grandes consumidores, con un coste presupuestario de unos 6.000 millones, y no fue muy eficiente para contener la inflación de forma duradera".

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y otras patronales del sector han trasladado al Gobierno que “no cuenten con ellos” para adelantar de nuevo descuentos generalizados en 2026.

En gasóleo y gasolina, el grueso de la carga fiscal viene del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) y del IVA general del 21%, a lo que se suman antiguos tramos autonómicos ya armonizados en un tipo único estatal.

Mientras tanto, el diésel se ha disparado este jueves un 14% y la gasolina casi un 8% en la segunda semana del conflicto en Oriente Próximo, tocando máximos de octubre de 2023, para el diésel, y confirmando el 'sorpasso' de agosto de 2024 para la gasolina.