La ministra Sara Aagesen.
El Gobierno desbloquea la eólica marina en España con una consulta para definir las primeras subastas
Plantea aspectos clave como las zonas donde se podrán instalar los parques, la potencia de los proyectos o los criterios para elegir a los ganadores.
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El Gobierno desbloquea el despegue de la eólica marina en España tras años de retrasos y esperas. Abre una consulta pública previa para poner en marcha el primer proceso competitivo de eólica marina del país.
Su objetivo es recabar opiniones de las personas y empresas interesadas para definir las reglas antes de lanzar la primera subasta de parques eólicos marinos.
Una consulta que servirá para aprobar una orden ministerial que fijará las bases del procedimiento. En ella plantea preguntas sobre qué zonas elegir, si es mejor un parque grande o varios pequeños, qué requisitos deben cumplir las empresas y cómo asegurar que los proyectos se construyan a tiempo.
También se pregunta por la posibilidad de inversión ciudadana, la duración del apoyo económico, la gestión de los riesgos del mercado eléctrico y el desmantelamiento de los parques al final de su vida útil.
El plazo para enviar aportaciones estará abierto del 4 al 24 de febrero de 2026.
Hasta 3 GW para 2030
La eólica marina ha avanzado mucho en los últimos años. En Europa ya hay 37 gigavatios (GW) instalados. En España, sin embargo, las costas son muy profundas, lo que obliga a usar tecnología flotante, más compleja pero con gran potencial.
Según la hoja de ruta del Gobierno, España quiere instalar entre 1 y 3 GW de eólica marina antes de 2030. Esto ayudaría a producir energía limpia, reducir emisiones y crear industria y empleo.
El marco legal se estableció en 2024 con la aprobación del Real Decreto 962/2024. Esta norma regula la producción de energía renovable en el mar y crea un sistema de concurrencia competitiva.
A través de este sistema, los proyectos seleccionados obtendrán tres cosas a la vez: un régimen económico, acceso a la red eléctrica y prioridad para ocupar el dominio público marítimo-terrestre.
Antes de convocar la subasta, la ley obliga a aprobar una orden ministerial con las bases del proceso. Esta será la primera, pero se prevé que en el futuro se aprueben nuevas órdenes para más convocatorias.
Las instalaciones solo podrán ubicarse en las zonas de alto potencial definidas en los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM), aprobados en 2023. Estas zonas ya están delimitadas por el Gobierno.
Además del precio de la energía, la subasta tendrá en cuenta otros criterios. Hasta un 30% de la valoración podrá basarse en aspectos como el impacto ambiental, la innovación, la compatibilidad con otros usos del mar o el beneficio industrial.
