Surtidor de gasolina.
Las gasolineras temen hacer ofertas para bajar el precio del combustible tras la sanción millonaria de la CNMC a Repsol
La prohibición de participar en licitaciones les excluye de la administración pública, empresas de residuos, autobuses o fuerzas y cuerpos de seguridad.
Más información: La CNMC sanciona a Repsol con 20,5M por los descuentos en las gasolineras en 2022 y prohíbe optar a contratos públicos
Las últimas sanciones de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) por descuentos “excesivos” en carburantes están enviando una señal clara al mercado: si una estación de servicio se pasa agresivamente con las rebajas de precio, corre el riesgo de acabar bajo sospecha de prácticas anticompetitivas.
Así se le ha multado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio con 20,5 millones de euros, además de la prohibición de optar a contratos públicos por las ofertas que realizó en sus gasolineras en 2022.
No es la primera vez. Durante años, el regulador español ha perseguido cuáles eran las ofertas de precios y la fijación indirecta de tarifas de las grandes petroleras y sus redes de gasolineras.
En 2015, la CNMC impuso a Repsol, Cepsa (hoy Moeve), Disa, Galp y Meroy sanciones de un total de 32,4 millones de euros por coordinar precios y limitar la competencia intramarca e intermarca.
Sin embargo, ahora el giro llega cuando el foco regulatorio deja de estar en los sobreprecios y se desplaza también a los grandes descuentos, especialmente cuando parten de operadores dominantes.
"Si las reducciones de precio dejan de ser percibidas únicamente como una herramienta de competencia y pasan a convertirse en posibles pruebas de “estrategia exclusionaria”, el incentivo es reducir la intensidad y la duración de las promociones", señalan fuentes del sector de las estaciones de servicio a EL ESPAÑOL-Invertia.
"Con un regulador dispuesto a reinterpretar los descuentos como posible abuso, las empresas racionales tenderán a moverse por el carril central. Esto supone menos riesgo, menos innovación comercial y, previsiblemente, menos ofertas llamativas en los surtidores", destacan.
Llamada a una "aportación especial"
Coincide que en 2022, en plena crisis energética y con el precio del combustible por las nubes, el Gobierno aprobó el RDL 6/2022 en el que se vinculaba una bonificación de 20 céntimos por litro a una “aportación especial” de los grandes mayoristas de carburantes: o contribuían con 5 céntimos por litro, o asumían una rebaja comercial equivalente.
Esa bonificación se aplicaba directamente en el punto de venta (gasolinera o distribuidor directo) y después el suministrador podía solicitar la devolución a Hacienda.
La normativa introdujo una prestación patrimonial de carácter público no tributario para determinados operadores al por mayor de productos petrolíferos. Por ejemplo, afectaba a los operadores con capacidad de refino en España y cifra de negocios de más de 750 millones de euros, es decir, a los grandes.
Esta aportación era, en esencia, una forma de cofinanciación privada de la bonificación pública. Si el operador no aplicaba ese descuento propio, seguía vigente la bonificación íntegra de 0,20 euros/litro con cargo al Estado, pero entonces sí tenía que pagar la prestación de 0,05 euros/litro como aportación extraordinaria.
En resumen, que el RDL 6/2022 obligó a los grandes mayoristas a participar en el coste de la medida, bien por vía prestación económica directa (0,05 euros/l), o por descuento comercial equivalente que se sumaba a la bonificación pública.
Por eso, "no tiene sentido que la CNMC ahora sancione a estas empresas que tomaron sus decisiones comerciales dentro del marco de la regulación aprobada por el momento de crisis", añaden las mismas fuentes.
Licitaciones públicas
En concreto, el regulador ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, no sólo con esos 20,5 millones, sino, además, prohibiéndoles presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción 'Gasóleo A' por un periodo de seis meses.
"Esto supone que no podrán participar en las licitaciones de la Administración pública, ayuntamientos, diputaciones o empresas públicas que necesiten el suministro de gasóleo para sus flotas, autobuses, maquinaria o grupos electrógenos", apuntan.
Esto incluye también a hospitales, suministro de Puertos del Estado, flota de empresas de recogida de residuos, autobuses urbanos, vehículos de policía local, guardia civil, o incluso el Ejército.
Otros contratos de suministro público también podrían ser para embarcaciones y equipos móviles promovidos por confederaciones hidrográficas, consorcios o empresas públicas.
"Es una medida muy dura que impacta directamente sobre las empresas del Grupo Repsol sancionadas, porque cuentan con una red muy tupida por toda la geografía española de estaciones de servicio, y, por tanto, suelen ganar los concursos al cumplir con los requisitos necesarios de dar suministro", concluyen las mismas fuentes.
