Fotomontaje de un depósito de petrolero de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, con banderas de las petroleras estadounidenses ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Continental Resources.
Repsol podría quedar al margen de querellas internacionales contra Trump por explotar el petróleo de Venezuela
La injerencia de EEUU en los activos de otro país podría convertirse en un 'boomerang' para las petroleras que quieran entrar en el país caribeño.
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El partido demócrata de Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora sobre las posibles consecuencias legales y financieras que se pudieran ocasionar en aquellas petroleras que, siguiendo el plan de la Administración Trump, quieran entrar en Venezuela a reconstruir la industria energética del país.
Sin embargo, "compañías como Repsol, que ya estaban en el país y que contaban previamente con un contrato de explotación de activos con el Gobierno venezolano, podría quedarse al margen", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Seguimundo Navarro, socio director del despacho de abogados inARB y árbitro (ArbP y MCIArb) en tribunales internacionales.
En una carta enviada a una veintena de las petroleras presentes en la reunión del 9 de enero en la Casa Blanca, los demócratas aseguran que la decisión de Trump de hacerse con el control político, legal y financiero del país caribeño incumple varias leyes nacionales e internacionales.
Y eso tendría un efecto en los contratos que se firmarán a partir de ahora, mientras Trump estuviera al frente de la presidencia estadounidense.
"Una administración posterior o un futuro gobierno venezolano podría invalidar dichos acuerdos", señala la misiva.
En concreto, para los demócratas incumplirían el artículo I de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Poderes de Guerra, que sólo permite declarar la guerra a un tercer país si se cuenta con el apoyo del Congreso. Pero Trump no lo tenía (porque no se lo pidió).
También hubiera necesitado el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU (Naciones Unidas) y, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), tampoco estaría autorizado a asumir la propiedad de los activos de un soberano extranjero.
Sin embargo, "no podría haber una codemanda contra Venezuela y contra EEUU a la vez, es decir, el reglamento CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) no prevé que dos estados puedan comparecer como codemandados en un mismo arbitraje de inversión".
"Ni siquiera en el más reciente reglamento se contempla esta posibilidad", explica el jurista experto en arbitrajes internacionales.
Demandas chinas
"El problema también está en los contratos que han tenido hasta ahora las energéticas chinas con Venezuela, que les cubre la legalidad internacional", continúa el letrado.
El plan político en Washington pasa por atraer hasta 100.000 millones de dólares de inversión privada estadounidense para reconstruir la industria venezolana y controlar la comercialización del crudo de forma indefinida, excluye explícitamente a empresas de países rivales como China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte.
"Si demandan, Venezuela puede alegar que esto es una situación de fuerza mayor, una 'causa causae est causa causati', un aforismo latino que significa 'la causa de la causa es la causa de lo causado', es decir, que no fue una decisión del Gobierno de Venezuela, sino del de EEUU", añade.
"Ellos han provocado una injerencia política en otro país y, por tanto, se podría entender que están asumiendo la posición de incumplimiento de contrato", subraya. Y en un hipotético arbitraje internacional, "las empresas perjudicadas podrían demandar a Estados Unidos".
"Ante una hipotética condena de Venezuela en un arbitraje CIADI en este contexto internacional, podría hacer pensar a algún despacho de abogados expeditivo que cabría intentar una acción contra EEUU para el cobro de lo que Venezuela no pudiera pagar", añade Navarro.
"Un contexto en el que se determinara de forma clara que las decisiones del gobierno venezolano sobre los contratos presuntamente incumplidos tuviera su origen en una acción militar de EEUU (con independencia de que fuera adoptada de acuerdo con su sistema legal, que no se valora en este momento), y que beneficia económicamente a EEUU", puntualiza.
La única de EEUU, Chevron
Otro caso similar al de Repsol es la petrolera estadounidense Chevron, que sigue operando sobre el terreno. Las nuevas licencias de Trump le permiten ampliar producción y exportaciones sin pedir autorizaciones ad hoc, consolidando su posición como principal beneficiaria.
La compañía planea elevar las exportaciones de crudo venezolano hacia EEUU hasta unos 300.000 barriles diarios en los próximos meses y ha fletado más buques para agilizar envíos y reducir inventarios.
Chevron prevé nuevas inversiones en infraestructura y recuperación de equipos para aumentar producción en torno a un 50% a medio plazo, alineándose con la presión de la Casa Blanca para “reflotar” la industria local y reforzar la seguridad energética estadounidense.
"Lo más probable es que el resto de petroleras estadounidenses, como Exxon o ConocoPhillips, no vayan a hacer nada sobre el terreno, sino que llegarán a acuerdos con las que están ya para comprarles la producción", concluye Seguimundo Navarro.
