Informe de Greenpeace, "Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz”"
La prórroga de la nuclear de Almaraz durante tres años costaría 3.800 millones al consumidor, según Greenpeace
El informe asegura que el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede cubrir con renovables, que se expulsarían del mercado si sigue operando.
Más información: El CSN publicará el informe sobre el futuro de la nuclear de Almaraz en verano, fuera del plazo de compra de combustible
Prolongar el periodo de vida útil de la central nuclear de Almaraz durante tres años costaría 3.831 millones de euros al bolsillo del consumidor y supondría pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta 2033.
Es lo que advierte el informe “Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz”, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya, y encargado por Greenpeace, que pone de manifiesto que el cierre programado de Almaraz es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga.
El análisis, realizado por los investigadores Dr. Eloy Sanz Pérez, director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, y Víctor García Carrasco, de la Universitat Politècnica de Catalunya, compara tres escenarios.
Uno de ellos es el cierre (se cumple el calendario de cierre acordado actualmente), otro es la prórroga (el cierre de Almaraz se hará efectivo en 2030 y no habrá prórrogas adicionales) y por último una prórroga con desaceleración renovable (el mercado asume que la prórroga de Almaraz será superior al plazo actualmente solicitado y que el resto de reactores se acogerán progresivamente a prórrogas similares).
A partir de aquí, analiza el impacto económico y energético en cada escenario y concluye que mantener la central abierta no abarata la electricidad a medio plazo, sino que genera un efecto desincentivador a la inversión renovable.
La consecuencia es un sobrecoste creciente para los consumidores a partir de los primeros años tras su cierre definitivo y un aumento de las emisiones.
A partir de 2031, los escenarios con prórroga resultan sistemáticamente más caros que el cumplimiento del calendario de cierre, acumulando un sobrecoste de hasta 3.831 millones de euros en 2033 y pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta el mismo año.
“El ahorro inicial en precio y emisiones de una prórroga de la central nuclear de Almaraz se convierte en un sobrecoste estructural a medio plazo”, ha señalado Sanz Pérez.
"Este encarecimiento se explica porque la prórroga frena la entrada de nuevas energías renovables, lo que obliga a mantener una mayor dependencia del gas, la tecnología que marca el precio de la electricidad en el mercado mayorista".
El informe también responde a otra de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía desde el apagón del 28 de abril de 2025: la estabilidad del sistema.
Según el análisis, el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede sustituir con energía renovable inmediatamente después de su cierre, lo que no solo garantiza la seguridad del suministro eléctrico sino que, además, desmonta el argumento de que sería necesario utilizar más gas (y, por tanto, generar más emisiones).
En términos de emisiones, el informe identifica una reducción temporal del empleo de ciclos combinados durante los años 2028-2030. Sin embargo, este efecto se revierte con fuerza tras el cierre definitivo de Almaraz al finalizar su prórroga.
Como resultado, el sistema eléctrico es menos renovable y más dependiente del gas. Así, en el periodo 2026-2033, los escenarios de prórroga generan entre 5,8 y 12,3 MtCO2eq adicionales respecto al escenario de cierre.
Esto implica un coste adicional de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos de forma directa en el precio de la electricidad. Incluso en caso de llevarse a cabo una prórroga indefinida de Almaraz, el escenario de cierre implica menos emisiones acumuladas en el periodo estudiado.
El estudio también indaga sobre el reciente cambio de postura de las compañías eléctricas al solicitar la prórroga de Almaraz, subrayando que esta decisión responde a criterios estrictamente empresariales y no de seguridad.
Según el informe, el cambio de estrategia de las compañías está motivado por la previsión de un aumento del 30% en el precio del gas respecto al promedio de 2015-2018, priorizando así su beneficio comercial sobre el calendario de cierre acordado.
"Los datos que arroja este informe hablan por sí solos: la prórroga de la vida útil de Almaraz, de producirse, frenaría la transición energética al reducir la inversión en renovables y se realizaría a costa del bolsillo de los usuarios", ha afirmado Francisco del Pozo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
"Es justo lo contrario de lo que pidió el Gobierno para conceder una eventual aprobación. En cambio, sostener el calendario de cierre nuclear acordado, incluyendo la clausura de Almaraz I en noviembre de 2027, es la vía más coherente para alcanzar la descarbonización".
"Frente a intereses empresariales cortoplacistas, este Gobierno estaría apostando por el bienestar de la ciudadanía mediante una medida que, además de mostrar credibilidad y liderazgo en la transición, garantiza competitividad, empleos verdes y la estabilidad del sistema eléctrico en las próximas décadas".
La presentación del informe ha tenido lugar en el salón de actos de la URJC y ha contado con la participación de Sanz Pérez, autor principal del informe; Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal; Héctor De Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF); Marcial González, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid y divulgador (Capitán Renovable), y Natalia Fabra, catedrática de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), que han conversado sobre todas estas cuestiones en una mesa redonda.
