El Gobierno prepara el terreno para alargar la vida de Almaraz: culpa a las empresas del cierre "escalonado" que exigió Ribera

De hecho, el Gobierno socialista que tuvo lugar tras la moción de censura y que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, llevaba en su programa electoral el compromiso de no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares españolas más allá de los 40 años de operación, planteando así un cierre progresivo de las mismas al cumplir ese plazo.

Aún así, en la negociación con las empresas propietarias de las centrales y por razones de seguridad de suministro, Ribera aceptó que en el calendario efectivo de cierre se extendiera ligeramente más allá de esa edad la central nuclear de Almaraz.

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Desde aquel 2018 hasta ahora, lo acontecido en aquellos días se ha traspapelado a la vista de cómo ha cambiado el guion en la política energética del Gobierno. Según ha asegurado, en varias ocasiones, la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "el plan de cerrar las nucleares siempre fue decisión de las empresas".

Lo ha dicho otra vez más un día después de confirmar que había recibido la petición formal de la junta de administradores y la asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) para modificar la autorización de explotación de los dos grupos de Almaraz y extender su operación hasta junio de 2030.

Un cierre "obvio"

Si hace seis años Ribera explicaba que las nucleares españolas estaban concebidas originalmente para operar 40 años y prolongar su actividad implicaba asumir riesgos adicionales y afrontar costosas mejoras técnicas, ahora Aagesen asegura que todo lo que "hemos dicho desde el principio, es que los consumidores o los contribuyentes, en ningún caso, iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares".

Pero en aquellos años, Ribera defendía que el cierre de las nucleares era “obvio” y que alargarlas más allá de los 40 años suponía asumir riesgos y costes que no compensaban ante la existencia de alternativas renovables.

Aún así, su postura inicial era cerrar todas las plantas cuando llegaran a los 40 años de operación, y sin embargo, para conseguir el consenso con las empresas propietarias, apostó por un proceso escalonado.

Argumentó entonces que era para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y evitar que todos los reactores desmantelaran a la vez, lo que finalmente llevó a la prórroga de las fechas de cierre hasta 2035.

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Explicaba que las nucleares ya no resultaban competitivas económicamente frente a las renovables, subrayando que “se había acabado el mito de que las nucleares son baratas”. 

Y también justificaba que no era viable ni sostenible alargar artificialmente la vida de las nucleares, porque implicaría grandes inversiones en seguridad y residuos, cuya factura tendría que pagarse vía presupuesto público o tarifas eléctricas.

Sin coste económico

Así que se ha pasado de riesgos y extensiones sin sentido económico, a los primeros pasos para argumentar la necesidad de dar luz verde a que Almaraz opere otros tres años. Y el primero es afirmando que "las empresas propietarias han renunciado a su petición de una rebaja fiscal a la energía nuclear."

Con esta condición, junto a otras dos "líneas rojas" más, ya no habría ningún obstáculo para cambiar el calendario de cierre. Y esas otras dos líneas rojas se cumplen.

Una de ellas es garantizar la seguridad nuclear y radiológica de la central, aspecto que deberá avalar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aunque ya cuenta con un informe de 2019 que se suele elaborar bajo una metodología que autoriza a operar a las plantas por otros 10 años y por tanto, sería una modificación "casi textual", según han informado fuentes del sector a este diario.

Tendrá que ser antes de que el Gobierno tome una decisión final, que deberá comunicarlo en un plazo de dos meses, según dicta la Ley del Sector Eléctrico 24/2013

Y la tercera es asegurar la continuidad del suministro eléctrico, es decir, que el cierre o la ampliación no ponga en peligro la estabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, una de las razones más relevantes para continuar con las nucleares en España desde el apagón del 28 de abril.

"El Gobierno no se ha movido. Hemos hablado de tres líneas rojas y evidentemente, la primera línea roja la cumplen por su decisión de renunciar a la rebaja fiscal. Ahora estamos en esa segunda línea roja, algo tan importante como es la seguridad nuclear", ha incidido.

Según se desprende del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, el CSN estudiará a la vez el cierre de la central extremeña y su continuidad ya que ambos procesos no son mutuamente excluyentes. Mientras tanto, el Gobierno está cambiando su relato con el objetivo de que Almaraz pueda continuar operando otros tres años más.

Y más allá de una cuestión ideológica, la evolución el mix eléctrico desde 2018 hasta el día de hoy, con un cero energético en toda la Península Ibérica, y cierta alarma de Red Eléctrica, el operador del sistema, de que pudiera volver a pasasr, también ayudan a ese cambio de postura.