Transparencia ordena al Gobierno entregar información a Endesa sobre el comité creado para investigar el apagón

Tal es la desconfianza que hoy la propia legitimidad del órgano se dirime en la Audiencia Nacional, llamada a decidir si el Gobierno le dio o no la cobertura legal adecuada.

Mientras ese pulso se libra en los tribunales, otro de frente se abre en el terreno de la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a entregar a Endesa la documentación clave sobre la creación y las funciones del comité del apagón.

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El origen de esta disputa se sitúa en junio de 2025, cuando Endesa presentó una solicitud al Miteco con dos bloques principales.

Por un lado, pidió que se la reconociese como parte interesada en el procedimiento del comité, con acceso íntegro al expediente administrativo.

Por otro, reclamó el acto de creación del órgano y toda la documentación que permitiese identificar su naturaleza, funciones, competencias, dependencia jerárquica y título habilitante. La compañía considera que esos documentos son esenciales para evaluar la legitimidad del comité y el alcance de sus actuaciones tras el apagón.

La solicitud quedó sin respuesta dentro del plazo máximo previsto por la Ley de Transparencia, lo que llevó a Endesa a presentar a finales de julio una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Denunció que el Ministerio no había contestado ni había explicado la negativa a facilitar la información.

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En la resolución de Transparencia, aprobada en noviembre y publicada recientemente, el organismo independiente da la razón a Endesa en la parte relativa al acceso a documentos.

Recuerda que el derecho de acceso a la información pública corresponde a todas las personas y sólo puede limitarse cuando la Administración aplica de forma justificada y proporcionada una causa legal de inadmisión o un límite, y siempre dentro de los plazos legales.

Transparencia también subraya que dejar transcurrir el tiempo sin contestar vacía de contenido ese derecho, y reprocha al Ministerio tanto el silencio ante la solicitud inicial como la ausencia de respuesta al propio requerimiento del organismo de control.

Como consecuencia, el Consejo ordena al Miteco entregar a Endesa el acto de creación del comité y toda la documentación que identifique su estructura jurídica y funcional, y remitir una copia al propio Consejo para verificar el cumplimiento.

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Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican a EL ESPAÑOL‑Invertia que el departamento que dirige Sara Aagesen está trabajando en una respuesta formal a la resolución. Añaden que toda la documentación solicitada por Endesa ya forma parte del procedimiento que instruye la Audiencia Nacional sobre la legalidad del comité, por lo que se encuentra registrada y a disposición.

Por su parte, fuentes de Endesa señalan que esta resolución "forma parte de la estrategia jurídica de Endesa en relación al apagón del 28 de abril, y muestra que se está privando a la empresa de información esencial para el desarrollo de esa estrategia".

Causa en la Audiencia Nacional

El pasado diciembre, el Tribunal Supremo decidió que sea la Audiencia Nacional quien revise la legalidad del comité creado por el Gobierno tras el apagón del 28 de abril, remitiéndole así la petición formulada por Iberdrola.

Las eléctricas han cuestionado si ese comité tenía respaldo jurídico, ya que su misión era analizar las causas del apagón, recabando información de las empresas eléctricas y enviando técnicos a sus instalaciones.

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El Supremo entiende que el comité nace de unas directrices aprobadas el 30 de abril de 2025 por el Consejo de Seguridad Nacional, que actúa como Comisión Delegada del Gobierno al amparo de la Ley de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la creación efectiva del comité se realizó mediante una orden comunicada de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que fijó su régimen jurídico, composición y fecha de inicio de actividad.

Por ello, el alto tribunal concluye que la actuación administrativa impugnada debe atribuirse a esa vicepresidenta-ministra, y que no le corresponde a él revisarla, sino a la Sala de lo Contencioso‑Administrativo de la Audiencia Nacional.