Cani Fernández, presidente de la CNM
La CNMC confía en el blindaje legal de sus circulares para redes ante una guerra en los tribunales
Calcula que poner una tasa de 7%, como demandaba el sector, implicaría un sobrecoste para los consumidores de 900 millones en seis años.
Más información: La CNMC se planta ante las eléctricas: la tasa de retribución de las redes será del 6,58% pese a la presión del sector
La decisión final de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre las circulares que definirán la retribución de la inversión en redes eléctricas anticipa una batalla judicial con las grandes eléctricas.
El organismo presidido por Cani Fernández ha fijado una tasa de retribución financiera (TRF) del 6,58%, por debajo del rango de 7-7,5% que reclamaban las distribuidoras, y ha incorporado las recomendaciones del Consejo de Estado en la metodología sin introducir cambios sustanciales.
Fuentes de la CNMC señalan que el regulador es consciente de que, dada la relevancia del marco retributivo, la revisión judicial forma parte del sistema de garantías.
No obstante, confían en que las circulares están sólidamente construidas y preparadas para afrontar una eventual batalla judicial, tras un exhaustivo análisis jurídico, múltiples consultas públicas, audiencias, informes ministeriales y memorias motivadas.
Según estas fuentes, la experiencia del periodo regulatorio anterior demuestra que, pese a la existencia de votos particulares y cierta tensión con el sector, todas las circulares fueron finalmente confirmadas de manera firme por la Audiencia Nacional.
España se encuentra en un contexto en el que los niveles de demanda aún no han superado los registros previos a la pandemia.
Desde la CNMC argumentan que, por ello, es fundamental generar un entorno regulatorio estable y predecible, que garantice la inversión tanto en generación como en la transformación de la demanda allí donde sea necesario, ya sea mediante el despliegue de nueva red o a través de una mayor eficiencia en la infraestructura existente.
![Cani Fernández.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/11\/11\/actualidad\/1003744007814_259857571_320x180.jpg"])
El paso del 5,58% al 6,58% supone un sobrecoste superior a 2.000 millones de euros a lo largo del periodo regulatorio, incluso sin considerar un incremento adicional de las inversiones, apuntan fuentes del regulador.
Así, explican que cada aumento adicional de diez puntos básicos implicaría entre 210 y 240 millones de euros más a cargo de los consumidores, por lo que elevar la tasa hasta el 7% reclamado por las empresas habría supuesto cerca de 900 millones de euros adicionales.
Observaciones del Consejo de Estado
Desde el regulador aseguran que las observaciones del Consejo de Estado se han incorporado de manera motivada y no afectan sustancialmente la estabilidad del modelo, reduciendo así el riesgo jurídico.
En caso de impugnaciones, las demandas probablemente se dirigirán a elementos concretos, como incentivos específicos, y no al modelo en su conjunto. Cualquier efecto dependerá del alcance del recurso.
El Consejo de Estado formuló objeciones relevantes en todas las circulares analizadas: transporte, tasa de retribución financiera y distribución.
La CNMC asegura haber estudiado cada una de ellas para determinar si podían incorporarse directamente o si, por su naturaleza, exigían reabrir una audiencia pública.
La polémica de los últimos días se ha concentrado en las dos observaciones esenciales sobre la metodología de retribución de la distribución, una de ellas de carácter competencial.
![Tendido eléctrico en Portugal](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/12\/16\/actualidad\/1003744058432_260517277_320x180.jpg"])
La polémica de los últimos días se ha concentrado en las dos observaciones esenciales sobre la metodología de retribución de la distribución, una de ellas de carácter competencial.
La primera objeción señalaba que la CNMC no podía fijar un límite del 80% sobre el tope legal de inversión en distribución (0,13% del PIB), ya que se trata de una competencia atribuida al Gobierno por la Ley del Sector Eléctrico.
Aunque la CNMC discrepa en la interpretación del Consejo de Estado, ha ejecutado la observación al eliminar el límite del 80% y cualquier derivada asociada, por lo que consideró innecesario someterla a audiencia pública.
La segunda objeción se refería a la vinculación de la retribución con la demanda, alertando que no se podía ligar parte de la retribución de los distribuidores a la creación de nueva demanda, dado que no existe fundamento legal ni competencia atribuida a la CNMC.
Para subsanar este punto, la CNMC ha determinado que toda inversión dentro del límite legal ordinario de inversión (0,13% del PIB) se retribuirá íntegramente a valores auditados, sin depender del desarrollo de nueva demanda, cumpliendo así la indicación competencial del Consejo.
No obstante, la CNMC prevé que si el Gobierno aprueba un límite adicional de inversión ligado explícitamente a la demanda, la retribución de ese excedente sí se condicionará al incremento efectivo de potencia conectada.
Votos particulares
El proceso normativo ha estado marcado por discrepancias entre algunos consejeros de la CNMC. En particular, la metodología, que fue el punto de mayor debate, contó con tres votos en contra, una abstención y seis a favor. Por su parte, la tasa de retribución financiera (TRF) registró dos votos particulares.
Fuentes de Competencia restan importancia a los votos particulares y considera que estos son parte normal de un proceso de deliberación y debate técnico.
Las decisiones finales están respaldadas por un proceso participativo amplio, con diálogo constante con agentes, operadores, ministerios, comunidades autónomas y consumidores.
En 2025 se registraron un total de 58 votos particulares en la CNMC, lo que, según defienden, evidencia que esta práctica es rutinaria y no compromete la validez ni la solidez de las decisiones adoptadas.
Reacción de las eléctricas
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha advertido este martes que la propuesta retributiva aprobada por la CNMC representa "un paso atrás en la seguridad jurídica y regulatoria de España" y sitúa al país "en el vagón de cola de seguridad jurídica y atractivo regulatorio de la Unión Europea, en un momento clave para la electrificación".
En un comunicado, la patronal eléctrica, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP España, lamentó que el regulador haya modificado el modelo retributivo sin nueva audiencia pública y que en este proceso no se tuvieron en cuenta las principales alegaciones del sector ni del Consejo de Estado, "lo que habría enriquecido la decisión final".
Aelec considera que la propuesta aprobada representa un "cambio disruptivo sin consenso en la CNMC y sin alguno con el sector", ya que el nuevo modelo retributivo sale adelante "sin debate alguno con el sector, sin la creación de grupos de trabajo, sin análisis de consecuencias y sin unanimidad" en el regulador.
Asura que se ha aprobado un recorte de los gastos reconocidos del servicio eléctrico "sin precedentes" y afirma que habría sido positivo que la CNMC valorase también los costes futuros, como ciberseguridad o digitalización, "en lugar de centrarse únicamente en la reducción de opex del 37% en el periodo, ya que esta medida puede afectar a los proveedores nacionales".
