Redes eléctricas de alta tensión
La paradoja de la falta de demanda en España: con un consumo de 2007 pero con redes eléctricas saturadas
Más de 67 GW de nueva demanda esperan conectarse a la red eléctrica, pero está casi todo ocupado, pese a la necesidad a que aumente el consumo.
Más información: Las tecnológicas disparan sus solicitudes para conectar sus 'data centers' a la red eléctrica: ya superan los 100 GW
España vive una paradoja de difícil solución. Por un lado, un nivel de demanda eléctrica en estado crítico, que sigue por debajo del máximo de 2007, y por otro, la misión imposible de que la industria, los centros de datos o los puntos de recarga encuentren un 'enchufe' libre.
Según datos de PwC, entre 2020 y 2024 se rechazaron más de 100 GW de solicitudes de conexión de consumidores por falta de capacidad. Además, los mapas de capacidad confirman que el 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica.
Tanto es así que existen más de 90 GW con permisos de acceso concedidos, pero muchos de ellos son proyectos que están esperando autorizaciones administrativas, decisiones de inversión de las empresas o directamente acaparamiento de la red "por si acaso".
"Tenemos que tener claro cuál es la demanda real y la demanda contractual", ha dicho Cani Fernández, presidenta de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en el II Observatorio de la Energía de El Español.
"Hoy se están suministrando niveles de demanda todavía por debajo del máximo de 2007. Esto es un punto importante, porque tenemos que tener claro cuál es la demanda real y la contractual", ha recalcado.
Real vs. solicitado
Entre la capacidad contractual (cantidad de potencia autorizada y asignada mediante permisos administrativos) y la capacidad real (o física) hay un agujero negro demasiado grande para gestionar.
Los permisos de acceso y conexión para enchufarse a la red de distribución otorgado, en los últimos cinco años doblan la demanda nacional actual. Como reitera a menudo el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, "dan cabida a otra España entera".
Suman un total de 43 GW y se reparten entre centros de datos (12 GW), industria (11,3 GW), planeamientos urbanísticos (6 GW), hidrógeno (3 GW) e infraestructura de recarga del vehículo eléctrico (2,3 GW).
Además, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha mencionado en varias ocasiones que hay tantos puntos de acceso de demanda solicitados que el Plan Energético de 2030 podría multiplicar por 14 la capacidad disponible de la red de alta tensión.
La demanda máxima nacional española no alcanzó los 38,5 GW en 2024, lo que supone que la suma de proyectos que se quieren conectar a la red es superior a todo lo que hay a día de hoy.
No hay duda. No basta con conceder permisos, es necesario que la capacidad se utilice realmente y de manera eficiente.
CNMC, MITECO y REE
Pero ¿de quién es la responsabilidad de llevar a cabo esta "limpia" para que se destapone un cuello de botella que pone en peligro el crecimiento de la economía española?
Según la CNMC, la sobreconcesión de permisos de acceso a la red eléctrica se soluciona mediante reformas regulatorias que limiten la concesión exclusivamente a la capacidad real disponible, mejoren la transparencia en el proceso, y establezcan criterios técnicos homogéneos en todo el territorio.
Es decir, sería competencia del Gobierno. Una de las medidas más eficaces es imponer la caducidad automática de los permisos no utilizados en un plazo determinado, de modo que los permisos que no se materializan en instalaciones reales vuelvan al sistema y puedan ser reasignados, evitando así el “acaparamiento” de capacidad y las burbujas especulativas.
Pero según el Real Decreto 1183/2020, es la CNMC la responsable de regular el proceso, arbitrar conflictos y auditar las concesiones, a través de normativas y de resoluciones específicas que establecen los criterios de control, inspección y caducidad de permisos.
Y que los promotores y agentes que solicitan permisos también tienen la obligación de justificar sus necesidades y cumplir plazos para no bloquear innecesariamente la capacidad disponible.
Sin embargo, para Red Eléctrica (REE), la responsabilidad principal recae en los gestores de la red, la transportista y las empresas distribuidoras, que deben evaluar rigurosamente la capacidad física antes de conceder permisos y recopilar toda la información relevante sobre el estado de la red.
Sea quien sea, hay que ponerse manos a la obra para evitar la sobreconcesión y avanzar en la electrificación sin cuellos de botella especulativos.
