Energías renovables.
Los inversores con laudos renovables inician el rastreo formal de bienes de España en EEUU para reclamar el embargo
Ponen en el punto de mira cuentas bancarias, participaciones empresariales y todo tipo de activos susceptibles de ser intervenidos.
Más información: España sufre su séptima condena consecutiva de Estados Unidos por los impagos a inversores renovables
Los inversores perjudicados por los impagos en el sector de las renovables han dado un nuevo paso en su ofensiva judicial contra España.
Han presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia sus primeras solicitudes formales de información y documentación post-sentencia, en el marco del procedimiento destinado a ejecutar los laudos arbitrales internacionales firmes que obligan al Estado español a abonar compensaciones por la retirada retroactiva de las primas a las energías limpias.
El escrito, presentado por el despacho King & Spalding LLP, reclama que España entregue en un plazo máximo de 30 días un inventario detallado de sus bienes, cuentas financieras, contratos y activos localizados en Estados Unidos, así como información sobre entidades públicas o privadas vinculadas al Estado mediante participación accionarial u otros lazos jurídicos.
El objetivo es identificar activos susceptibles de ejecución para satisfacer las obligaciones derivadas de los laudos arbitrales. Esta es una tarea que las propias empresas han desarrollado en paralelo, a través de servicios de consultoría especializados en el rastreo de activos soberanos; no obstante, el derecho común propio de países como Estados Unidos permite realizar asimismo este tipo de requisitos obligatorios de información cuando se detecten situaciones de impago e incumplimiento de sentencias.
Las solicitudes presentadas incluyen la obligatoriedad de España de ofrecer documentación sobre cuentas bancarias, activos y propiedades, deudas y préstamos, contratos internacionales, transferencias financieras, etc.
Además, se solicita información sobreentidades estatales varias, caso de SEPI, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Enaire e INECO, entre otras, con el fin de determinar si actúan efectivamente como “alter ego” del Estado y, por tanto, sus activos pueden ser objeto de embargo, en el marco del procedimiento del registro y pleno reconocimiento judicial de las deudas existentes por parte de los tribunales estadounidenses.
Este paso constituye una etapa ordinaria en los procesos de ejecución internacional de laudos en que, tras una sentencia favorable, se constata un escenario de incumplimiento por parte del deudor. Por tanto, se desarrolla conforme a las reglas federales de procedimiento civil aplicables en Estados Unidos.
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Los tribunales norteamericanos ya han emitido siete fallos contra nuestro país en las últimas semanas. Al más reciente, ligado al caso 9Ren y por valor de 44 millones, hay que sumarle las decisiones correspondientes a otros acreedores como Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) o NextEra (290,6 millones).
Esta cascada de decisiones judiciales adversas para el Reino de España asciende a 688,4 millones. Con esta nueva línea de actuación basada en el rastreo e identificación formal de bienes y activos de España en suelo estadounidense, las empresas afectadas avanzan en la fase final para hacer efectivo el pago de las cantidades reconocidas a su favor por tribunales arbitrales internacionales, en el contexto de los litigios relacionados con el recorte retroactivo a las primas a energías renovables.
La deuda total derivada de esta cuestión asciende a 2.180 millones de euros, cantidad que incluye 1.754,7 millones en indemnizaciones pendientes de pago y 416,4 millones ligados a intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.
