España sufre su séptima condena consecutiva de Estados Unidos por los impagos a inversores renovables

La Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos ha confirmado el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding, que invirtió 211 millones en ocho plantas de energía solar fotovoltaica antes de que el país eliminara retroactivamente las primas e incentivos que motivaron esas inversiones.

La historia se remonta a 2015, cuando 9Ren llevó a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, invocando el Convenio del Ciadi y el Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante. Aunque el laudo favorable a la compañía se conoció en mayo de 2019, la indemnización ha permanecido pendiente de pago hasta ahora.

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Inicialmente, 9Ren reclamó 50 millones, una cifra que el panel de arbitraje ajustó a 40 millones, antes de que los intereses de demora y las condenas en costas elevaran el importe final a 44 millones de euros.

El fallo refuerza la ofensiva judicial de 9Ren, que también cosechó una victoria ante el Tribunal Federal de Australia, que en agosto ordenó reconocer y ejecutar cuatro laudos de renovables por un total de 469 millones de euros. Además de 9Ren, el juez Stewart avaló íntegramente las reclamaciones de RREEF, Watkins y NextEra, otras compañías que también cuentan con el visto bueno de la justicia estadounidense para reclamar sus derechos frente a España.

Ocho condenas y siete consecutivas 

Este nuevo revés judicial suma una nueva condena contra España en los tribunales de Estados Unidos.

Además de la decisión sobre 9Ren por valor de 44 millones, la magistratura del país norteamericano ha reconocido y registrado como sentencias propias los laudos correspondientes a Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).

Esta cascada de decisiones judiciales adversas asciende a 688,4 millones en laudos reconocidos y confirmados por parte de los tribunales de la jurisdicción norteamericana.

España debe un total de 1.754,7 millones de euros a 27 empresas que invirtieron en el sector de las renovables, pero sufrieron la retirada retroactiva de las primas e incentivos ofrecidos a quienes desplegaron capital en el campo de las energías verdes.

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A dicha deuda hay que sumarle alrededor de 415 millones derivados de los intereses de demora acumulados, las condenas en costas y los desembolsos asociados a los litigios internacionales. En total, la factura ronda ya los 2.179 millones.

Ante la acumulación de sentencias adversas en distintos países (no solamente Estados Unidos o Australia, sino también en Bélgica, donde recientemente se autorizó el embargo de una cuenta bancaria con 200 millones de euros, o Reino Unido, donde se han intervenido activos financieros e inmobiliarios), las empresas afectadas insisten en reclamar al gobierno un acuerdo negociado que replique el modelo desarrollado el pasado mes de julio, cuando se zanjó el caso que afectaba a la corporación nipona JGC.

“Un pacto concertado con los acreedores es fundamental para poner fin a la litigiosidad, evitando el embargo de activos españoles en el extranjero y restableciendo la credibilidad internacional de España como destino inversor”, destacan.