El Supremo de EEUU llama a pronunciarse al Gobierno de Trump en la batalla de España por los laudos renovables

Se trata de un recurso que pretende revocar una sentencia emitida en 2024 por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que reconoció la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para ejecutar los laudos.

Esa decisión abrió la puerta a que se hagan efectivos en Estados Unidos pagos por 416,8 millones de dólares (358,9 millones de euros) a favor de los fondos NextEra, 9REN y Blasket Renewable Investments, como compensación por los recortes a las primas de las energías renovables.

La justicia de EEUU reconoce a España como un Estado deudor por las primas renovables

Se trata de un paso judicial decisivo, pues el recurso ante el Supremo constituye la última instancia posible en el sistema judicial estadounidense. Es decir, si el alto tribunal rechaza la apelación o falla en contra de España, la ejecución de los laudos podría avanzar sin más obstáculos en Estados Unidos.

Ahora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha solicitado al Procurador General -el abogado que representa al Gobierno federal- a presentar un escrito expresando la posición oficial de los Estados Unidos en el caso.

Hasta el momento, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado públicamente sobre los laudos arbitrales relacionados con las energías renovables contra España.

No obstante, los fondos beneficiarios se muestran optimistas respecto al contenido del escrito oficial de la Administración, que podría conocerse en las próximas dos o cuatro semanas, según ha podido saber este medio.

Batalla en el Supremo

España y los fondos con laudos mantienen posturas enfrentadas sobre el reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para ejecutar los laudos.

Uno de los puntos de fricción se encuentra en la interpretación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), una norma estadounidense que protege a los Estados extranjeros de ser demandados en tribunales del país, salvo que exista consentimiento del Estado o excepciones legales.

El Gobierno español sostiene que la decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia excedió sus límites jurisdiccionales, y que permitir la ejecución de los laudos sin su consentimiento generaría fricciones con la cita ley.

Mientras, los fondos con laudos argumentan que, al firmar el Tratado de la Carta de la Energía, España consintió que los inversionistas extranjeros pudieran acudir al arbitraje internacional y que los tribunales estadounidenses pueden ejecutar estos laudos bajo la Ley de Inmunidades Soberanas y la Convención de Nueva York.

España suma otra derrota por los laudos renovables con la confirmación de EEUU de una condena de casi 80 millones

Además, España afirma que existe una división real entre tribunales federales de EEUU sobre cómo interpretar la excepción de arbitraje en la FSIA, lo que justifica que el Supremo tenga la última palabra. Los fondos no creen que haya una división en los tribunales federales.

Otro punto de fricción de la disputa es la aplicación de la doctrina de forum non conveniens, que permite trasladar un litigio a un tribunal más adecuado.

España sostiene que esta doctrina debe aplicarse también en la ejecución de laudos arbitrales, de manera que, si existe un tribunal más apropiado (por ejemplo, en Europa), el caso debería resolverse allí.

Según su argumentario, ignorar esta regla fomenta que los demandados busquen los tribunales internacionales más favorables a sus intereses.

Fondos con laudos renovables identifican 5.000M en activos embargables pero prefieren negociar con España

Los fondos, en cambio, argumentan que forum non conveniens no procede, porque la ejecución de los laudos requiere poder acceder a bienes y activos ubicados en Estados Unidos, incluidos los pertenecientes a España, y que esto justifica que los tribunales estadounidenses puedan intervenir directamente.

España también advierte que permitir la ejecución de un laudo sin consentimiento previo podría tener consecuencias diplomáticas y políticas, y subraya que la revisión del Supremo es esencial.

Los fondos replican que los laudos ya han sido validados por arbitrajes y tribunales extranjeros y que los tribunales estadounidenses pueden intervenir directamente, incluso frente a argumentos sobre incompatibilidad con normativa europea.